Seis días después de que se presentara el primer caso en Yucatán de COVID-19, el 19 de marzo del 2020, como medida de prevención para evitar contagios entre la población de los Centros de Reinserción Social (Ceresos), se decidió que los internos no recibieran visita de sus familiares hasta nuevo aviso.
A prácticamente un año, absolutamente nadie ha podido entablar contacto nuevamente y no parece existir disposición por parte de las autoridades para crear una “burbuja” que posibilite el ansiado momento de la población de los Ceresos.
Actualmente, el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que en todo el país hay 3 mil 316 casos confirmados, así como 251 decesos y casos sospechosos. En ese sentido, Yucatán se mantiene en el lugar número 13 del país con más casos de personas contagiadas con COVID-19 en los centros penitenciarios, con un total de 50 resultados positivos y 5 decesos; es decir, a pesar del distanciamiento, el virus se introdujo al interior de las cárceles.
Ante la imposibilidad de que los reclusos y sus familiares puedan volver a verse, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha conminado al Ejecutivo a que se busquen mecanismos para que puedan tener contacto de nuevo, tras casi doce meses.
Sobre este tema, en su informe de gestión del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Entidad, Miguel Sabido Santana, señaló la necesidad de mejorar los protocolos de prevención y de atención de contagios por el COVID-19 en los Centros de Reinserción Social de la entidad, para evitar cualquier fallecimiento de las personas internas y de su personal.
Pidió también que se lleven a cabo las medidas alternas para que los reos puedan tener comunicación con el exterior, pues ya se cumplirá el año que se suspendieron las visitas.
Señaló que se deben generar medidas alternas a las visitas presenciales, para que todas las personas internas puedan tener comunicación con personas del exterior sin que se ponga en riesgo la salud, citando como ejemplos, el uso de medios electrónicos, plataformas de internet, llamadas telefónicas, video llamadas, entre otros.
Agregó la necesidad de mejorar las condiciones de infraestructura, a efecto de contar con instalaciones que aseguren una estancia digna hacia su interior, además de tener personal suficiente de seguridad y custodia, personal técnico y especializado, así como personal femenino y para los traslados y para cubrir las ausencias, vacaciones e incapacidades.
El informe agrega que se debe garantizar adecuados servicios de salud para los internos y que cuenten con personal médico y medicamentos suficientes.
“No hay que olvidar, que la prisión debe de garantizar en todo momento la seguridad y condiciones de vida digna y la salud de las personas internadas en los Ceresos, a fin de que puedan desarrollar sus aptitudes y realizar actividades que les permita una verdadera reinserción, por lo que, hago un llamado a las autoridades penitenciarias a seguir trabajando en la reinserción social de las personas privadas de su libertad”, expuso Sabido Santana.
En el informe de la CNDH, el estado que encabeza la lista de personas en los centros penitenciarios con COVID-19 es la Ciudad de México, con mil 594 casos positivos y 55 defunciones; Puebla con 370 confirmados y 38 defunciones; sigue Chihuahua con 132 positivos y 5 muertes; Jalisco con 132 confirmados y 5 fallecimientos; Guanajuato con 113 casos y 1 muerte; Colima con 94 positivos.
Durango tiene 86 confirmados y 3 muertes; Hidalgo con 73 casos positivos y 6 decesos; Sonora con 69 afirmativos, 6 decesos; Sinaloa con cifras de 64 casos COVID-19 y 1 muerto; Querétaro con 54 positivos y 2 fallecimientos; y Campeche con 50 casos positivos y 1 fallecimiento.
SY