El Tribunal Agrario 34 de Mérida exhibió numerosas irregularidades en un juicio de 1994 que sirvió de base para que los ejidatarios de Chuburná reclamaran como suyas las tierras de los colonos de Vista Alegre y del fraccionamiento del Arco, con lo que se abre la puerta para que se haga justicia a más de 200 familias que mantienen un juicio vigente ante este órgano, de acuerdo con los vecinos afectados.
Russel Santos Morales, uno de los habitantes, declaró que por fin se encuentran viendo una “luz al final del túnel”, lo cual les alegra porque muchos de los residentes son personas mayores que llegaron a tener secuelas de salud como consecuencia del problema; asimismo, afirmó que con esto estarían dando fin a un modus operandi de los ejidatarios de Chuburná, evitando que abarcaran también colonias aledañas o repitieran la estrategia en futuras ocasiones.
Consideró que el acuerdo de la Magistrada Lilia Ochoa Muñoz es un paso importante para acabar con la “Mafia Agraria” que ha operado impunemente. Lo anterior, porque el citado Tribunal declaró la “conexidad” del juicio de 1994 con los 203 recursos que han interpuesto los colonos afectados, y se integraron en un solo paquete.
El Tribunal acordó esta acción en un acto de “justicia agraria”. Expuso en un comunicado, que les permitirá defenderse de un juicio basado en hechos ilegales e, incluso, posiblemente delictivos.
De acuerdo con la Ley Agraria, la “conexidad” es la relación entre dos o más procesos jurisdiccionales, por lo que la resolución que se dicte en uno de ellos puede tener efectos en los otros. Los juicios siguen, pero se considera que el acuerdo del Tribunal otorga equidad procesal que se la ha negado a los vecinos por parte de las autoridades de la propia Procuraduría Agraria y del propio Tribunal.
Lo anterior ha sido considerado por los afectados como un golpe a la “Mafia Agraria”, pues el Tribunal reconoció que la asesora de los ejidatarios, Rebeca Buenfil Méndez, así como ex funcionarios de la Procuraduría Agraria y del propio Tribunal, habrían incurrido en probables conductas delictivas. De lo anterior, se informó ya a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el caso de los funcionarios públicos que intervinieron en ese juicio, de 1994, se detalló que dicho Tribunal dictó lineamientos en una asamblea, puso precio a las tierras sin justificar peritajes, realizó cobros y requirió recibos de pago; así como amenazó con hacer el uso que la ley otorga al Magistrado para obligar a pagar a los demandados. El documento cita como “una vergonzosa participación en el cobro que se hacía de estos asuntos”, por parte de funcionarios del Tribunal.
En el caso de la licenciada Rebeca María Buenfil Méndez, se precisó que participó en dicho expediente. Primero en su carácter de servidora pública de la Procuraduría Agraria y posteriormente como asesora del ejido de Chuburná, con sus distintos comisariados, señalándola de usar información privilegiada para realizar actos presuntamente punitivos.
Los ejidatarios de demandan una indemnización de 200 pesos por metro cuadrado pues aseguran que las tierras donde están asentados la colonia y el fraccionamiento les pertenecen, lo que dio origen a los juicios en cuestión.
Santos Morales expuso que todo empezó en el 2017, ya que fue una “tragedia” para todos los vecinos del Fraccionamiento del Arco y, posteriormente, para los de la colonia Vista Alegre. Un día cualquiera, tocaron a la puerta de sus hogares y comenzaron a notificarles que tendrían que llegar a un acuerdo con el comisariado ejidal de Chuburná o perderían su propiedad “porque se encontraban con terrenos que le pertenecían al ejido como tierras de uso común”.
No obstante, señaló que las propiedades fueron adquiridas en los años setentas. En su caso particular, indicó que compró el predio en 1991, pero antes de eso, la casa había pertenecido a conocidos; por lo que sabe de primera mano que son personas que compraron el terreno y construyeron la vivienda.
“Estamos pagando nuestros impuestos e incluso tenemos títulos de propiedad en donde se muestra que se han pagado de manera regular. Estamos al día y para podernos defender presentamos un historial registral que data desde 1913”, expuso.
Aseguró que nunca existió un ejidatario cuando se realizó toda la negociación por los terrenos y lo único que presentan quienes dicen que les pertenecen, “son unos planos completamente borrosos y sobre la parte blanquecina te dicen ‘aquí se encuentra su propiedad’… Con eso el Tribunal Agrario les da ‘entrada’ a esto”.
Explicó que el plano presentado no cuenta con ningún tipo de referencia o marcaje que pueda demostrar que su reclamo es real.
Asegurando que la abogada que ha estado inmersa en el caso, Rebeca Buenfil Méndez, ha estado siguiendo el caso desde que todo comenzó, sin importar que el comisariado cambie y que, además, cuenta con carteras de otros lugares en donde hace lo mismo. “Es un modus operandi que se está haciendo para poder fastidiar a cualquiera”.
Festejó que por primera vez perciben que sus reclamos están siendo escuchados, ya que cuentan con los títulos de propiedad, historial registral y pagos de impuestos, además de haber participado de la urbanización (en la que participó el Ayuntamiento, que no urbanizaría una zona ejidal).
Detalló que existen planos en donde se explica que, desde 1985 aproximadamente, ya no existía ninguna zona al interior del periférico de la ciudad que fuera ejidal o de uso común. “Todos ya estaban regularizados”.
Además, expuso que cuando en 2017 iban de casa en casa diciéndoles que su predio estaba en terrenos ejidales, lo primero que les pedían era pagarle a la abogada Buenfil Méndez directamente.
Especificó que de los 206 vecinos afectados únicamente entre 8 y 10 personas tomaron la decisión de pagarle a la abogada en ese momento y liberarse de la problemática, ya que, de no hacerlo, no podrían vender sus propiedades.
JG