Yucatán ejercerá este año 223 millones 008 mil 689 pesos, de recursos propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2021, esto de acuerdo con el Convenio de Colaboración entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Ejecutivo estatal.
En el convenio, publicado en días pasados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se establece que la entidad recibirá un total de 171 millones 8 mil 689 pesos de la Federación, de acuerdo con los criterios del FASP.
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Además, a efecto de complementar los recursos necesarios para la realización del convenio, el Gobierno del Estado deberá aportar 52 millones de pesos de su presupuesto, que equivalen al 25 por ciento del total de los recursos federales otorgados.
Así, de financiamiento conjunto, Yucatán ejercerá una suma conjunta de 223 millones 8 mil 689 pesos, recursos que se utilizarán para las acciones prioritarias, metas y conceptos convenidos de los Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas.
Entre las acciones que se deberán realizar con estos recursos, se enlista el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia, con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Además, la profesionalización policial; la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; el fortalecimiento al sistema penitenciario; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
También trabajará en la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
Sobre esto último, cabe destacar que debido a la falta de presupuesto y a la pandemia por COVID-19, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán no será una realidad sino hasta el 2022, pues se aplazó 16 meses la instalación del Consejo Estatal Ciudadano. De igual forma, en agosto del año pasado se aplazó un año el nombramiento del director de dicho organismo.
En el convenio mencionado se establece que la Entidad deberá informar mensual y trimestralmente de las acciones realizadas. Además, los recursos que no hayan sido utilizados o que no estén comprometidos se deben reintegrar a más tardar el 15 de enero del 2022.
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JG