Los 11 regidores progreseños acudieron ayer al Centro Estatal de Medidas Cautelares para presentarse y firmar la hoja de medidas cautelares impuestas por la Juez Diana Garrido Colonia. Es la primera semana de las medidas impuestas por la juzgadora. A cambio de que fueran a prisión, dictaminó que cada lunes se presenten en el Centro Estatal de Medidas Cautelares y les prohibió salir del estado sin autorización, así como acercarse a las víctimas, testigos y denunciantes.
El primero que acudió fue el exalcalde José Isabel C.G., quien luego de los protocolos de salud ingresó al centro firmó y luego se retiró.
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El exedil, junto con sus otros 10 regidores, está siendo procesado por el delito de cohecho, luego de que presuntamente a cada uno de ellos el 23 de diciembre del 2016 una empresa les diera 110 mil pesos en efectivo para favorecerla con un contrato de alumbrado público.
La actual administración descubrió la anomalía por lo cual denunció ante la Vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción. Asimismo, el próximo viernes, cinco de los 11 acusados regresarán al Centro de Justicia Oral de Progreso, debido a que solicitaron la suspensión provisional del proceso judicial.
La defensa de los acusados intentará que la Juez les otorgue ese beneficio, en caso de que se les conceda, tendrán que regresar el dinero, asimismo, tendrán que cumplir medidas que la juzgadora les impondrá, como no acercarse a la víctima, tener un domicilio fijo y un trabajo estable, en caso de cumplir estos requisitos, se suspenderá el proceso judicial y con ello se extinguirá la acción penal.
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En caso de ser rechazado el proceso continuará como ocurrirá con las otras seis personas que no solicitaron la suspensión provisional hasta llegar a un juicio oral. De acuerdo con el Código Penal de Yucatán, el castigo por el cohecho, va de tres meses hasta 14 años de prisión, esto según la gravedad del delito.
GH