La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, lamentó la muerte del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, por lo que llamó a las autoridades competentes a investigar adecuadamente, para que la familia tenga verdad, justicia y reparación del daño.
“Desde Amnistía Internacional nosotros lamentamos muchísimo todo lo que ha sucedido en torno al caso de José Eduardo y quiero detallar, en lo que ha sucedido a la detención de José Eduardo, que se dio en condiciones aparentemente sin motivo y, después cuando va a denunciar, lo que él considera que son malos tratos, tampoco hubo una atención adecuada”, comentó en entrevista con POR ESTO!.
Noticia destacada
De los separos al escritorio, policías de Mérida involucrados en caso Eduardo siguen en labor
Olivares Ferreto recordó que este no es el primer caso de una detención arbitraria que involucra violencia policiaca en Yucatán, pues en 2016 también se dio el caso de José Adrián, un joven de 14 años (en ese entonces) que fue detenido por policías de Chemax, quienes lo acusaron de apedrear una patrulla.
En este caso, recordó, la familia de José Adrián se vio obligada a firmar un convenio ante un juez de paz, en él se comprometían a pagar dos mil 500 pesos por los daños ocasionados a la patrulla, además de una multa de 700 pesos. Por lo anterior, el afectado presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
En ese sentido, precisó que la mayoría de estas detenciones se dan contra “personas pobres, de grupos étnicos no blancos, indígenas, de la diversidad sexual y jóvenes”.
De igual forma, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional dijo que estas malas prácticas no se pueden erradicar, sin que el Estado reconozca que sus policías no actúan en apego a la legalidad, como ocurre en el particular caso de Yucatán.
“No importa si es falta de capacitación o de sensibilidad, pero no hay un reconocimiento de las autoridades sobre las actuaciones violatorias de derechos humanos que cometen los policías en Yucatán, y sin eso, no se pueden desarrollar prácticas que permitan erradicarlas”, condenó.
Por último, Olivares Ferreto llamó a las autoridades a realizar una investigación adecuada y de fondo para esclarecer el caso, que se sancione a los responsables de la muerte de José Eduardo, para que su familia tenga verdad, justicia y reparación, “pero sobre todo que el Estado de Yucatán asuma la responsabilidad y desarrolle acciones que permitan dar de una vez por terminada las detenciones arbitrarias”.
Con relación a los casos de detenciones arbitrarias, la Codhey reveló que, en 2020, recibió 153 quejas, de las cuales, 89 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 35 a la Policía Municipal de Kanasín, seis a la municipal de Mérida y de Progreso, cinco a la de Valladolid y dos a las municipales de Acanceh, Cacalchén, Dzidzantún, Espita, Halachó e Izamal, respectivamente.
Asimismo, informó que, en este año, la cifra por estas malas prácticas policiacas alcanza 91 quejas, de las cuales 58 fueron de la SSP, 19 por la municipal de Kanasín, cinco de Mérida, dos por la de Progreso y una en Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Cenotillo, Chankom, Chichimilá y Conkal, cada una.
JG