Amelia Ojeda Sosa, coordinadora Jurídica de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal A.C. (Unasse) explicó que, las causales para interrupción del embarazo en Yucatán, no se necesitan protocolos o procesos especiales, porque todos eximen de responsabilidad a la mujer, porque están establecidos en la ley como un derecho, y todo recae en el área médica, quien debe realizar el procedimiento; de no ser así se puede iniciar un proceso legal a la institución de la salud.
Señaló la abogada que se debe aplicar la atención ya establecida para esos casos, porque debe ser procedimiento de rutina. “En teoría, la mujer que desea abortar argumentando alguna causal debería dirigirse al director de la institución de Salud donde esté afiliada, para solicitar el servicio y canalizarla con un especialista para que le realice el procedimiento, ya sea con medicamento o intervención, esta es la ruta de la salud que debería seguirse; sin embargo, en la práctica está lejos de suceder”.
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Y es que, en opinión de Ojeda Sosa, esto se debe a que hay resistencias basadas en ideas personales, y también en el dogma de que los médicos juraron proteger la vida y por eso no pueden practicar un aborto, esto ocasiona que posicionen el servicio de aborto dentro de un marco religioso y no como una normativa con enfoque en derechos humanos y esto es un incumplimiento de la obligación que tiene el personal.
En este sentido apunta que las mujeres que solicitan el servicio de interrupción del embarazo presentando una causal y son coaccionadas de algún modo por parte del personal médico para que continúe con el embarazo, podrían fincarles responsabilidad-des a la institución, no solo por las consecuencias físicas, también por los daños psicológicos, toda vez que el bombardeo comentarios y mensajes persuasivos, conflictúan a las mujeres.
“Tuvimos el caso de una mujer que solicitó el servicio y el personal le enviaban mensajes para tratar disuadirla de que no lo hiciera, nosotros tuvimos que hacer un acompañamiento integral tanto legal porque lo que estaban haciendo estaba fuera de proporción y también emocional pues la joven estaba notablemente frágil emocionalmente, y aunque tuvo unos días de conflicto al final tuvo claro lo que quería y se interrumpió el embarazo”, señaló.
Del 2015 a la fecha Unasse ha hecho un promedio de 20 acompañamientos legales a mujeres que desean interrumpir el embarazo presentando distintas causales, de esta cifra, dos han sido porque se negó el servicio a mujeres que argumentaban tener tres hijos y no contaban con los recursos económicos suficientes para el sustento de un cuarto, tuvieron que interponer un amparo.
Ojeda Sosa comenta que estas situaciones pasan por el desconocimiento de sus derechos y de la existencia de estas causales.
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aarl