Cerca de 100 asentamientos continúan en el mangle ubicado a los costados de la carretera Progreso-Chicxulub, continuando con el problema de invasión, pese a que Protección Civil y Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) realizaron un operativo y colocación de letreros de prevención por la fauna nativa en la zona, así como por el problema de inundaciones.
Estas casas que de manera improvisada han ido crecido en forma gradual, aparecieron según datos de catastro municipal desde el último trimestre del 2016, luego de la expulsión de algunos habitantes que también se asentaban de manera ilegal en los terrenos del IVEY.
Se señala que, en aquel noviembre del año mencionado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una inspección en el mismo mes de asentamiento, sin embargo, los dueños, en su mayoría foráneos de aquellas casas, volvieron a colocar cartones y láminas para vivir, específicamente en las calles 22 por 37 de la ciénaga de Chicxulub puerto, sitio donde a la postre, los vecinos tienden a “convivir” con el peligro de ser atacados por los caimanes que habitan las aguas que los rodean.
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Los vecinos de estos hogares con un trato hostil, no permitían evidencia fotográfica o cuestiones sobre sus identidades.
“Es mi casa, tengo derecho a vivir aquí. No tenemos otro lugar a donde ir, parece muy sencillo para las autoridades sacarnos, pero ellos nunca han estado en esta situación”, reclamó una de las amas de casa, que entre las rocas y el agua lodosa ocupa un tendedero, batea y fogón para sus labores domésticas.
Otro de los colonos afirmó que cerca de las 100 familias que cuentan con estos espacios de menos de cinco metros de superficie, ostentan un sueldo con el cual no pueden acudir a una vivienda que les ofrezca una mejor calidad de vida.
“Créeme que no me gusta ver a mis hijos así, pero no hay otra opción, somos gente que vive al día, que entre nosotros nos ayudamos para comer”, expresó el hombre de origen tabasqueño.
Datos de la Subdirección de Ecología durante un estudio realizado en el lejano 2018, arrojaron que más del 50 por ciento del mangle de toda la zona permanece muerto por los residuos tóxicos y contaminación que emana de las viviendas.
En lo que acontece a la actual administración blanquiazul, una de las últimas inspecciones ocurrió en el verano del año pasado, cuando cuadrillas de la dirección se Servicios Públicos y Ecología, acudieron a este punto de la comisaría aledaña al puerto para asegurar que no se realizaran más invasiones, ya que trascendió material en redes sociales donde se atestiguaban colonos quemando mangle en altas horas de la madrugada, a fin de crear nuevos espacios para el acomodo de viviendas.
Una de las últimas medidas, fue por medio del operativo entre Procivy y Profepa con la colocación de espectaculares y letreros para alertar a los habitantes de estos domicilios, pues la época de lluvias podría provocar un incremento en el nivel de la ciénaga y provocar un derrumbe de las estructuras.
Cabe mencionar que, invadir áreas con mangle, se castiga a través del reglamento municipal de ecología en su artículo 23, capítulo “séptimo “evolución del impacto ambiental”; por su parte, autoridades federales sancionan estas invasiones con una pena de dos a 10 años de prisión, y por el equivalente a 300 o 13 mil días de multa.
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JG