El abogado yucateco Rafael Acosta Solís negó los señalamientos en su contra sobre encabezar una supuesta mafia inmobiliaria encargada de arrebatar terrenos a ejidatarios de distintos municipios de Yucatán. Aseguró que en el caso de Ixil, sólo representa a cinco ejidatarios y acusó a la delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, Rita Chuil Gómez de estar detrás de una campaña para desacreditarlo.
Respecto a las acusaciones de que algunos ejidatarios de Ixil realizaron en su contra, quienes lo acusan de quererse apoderar de más de cuatro mil hectáreas del territorio ejidal, el litigante afirmó que no es propietario de “ni un metro de tierra” en dicho municipio ubicado al Norte de la Entidad.
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Acosta Solís explicó que su carrera como defensor comenzó desde hace más de 25 años y aproximadamente 12 años atrás la llevó al plano privado, especializándose en materia familiar y agraria, atendiendo conflictos de “muchos ejidos” en todo Yucatán.
“En el específico caso de Ixil, soy abogado de cinco ejidatarios, no represento al ejido. Entonces, es imposible que me puedan acusar de que yo tengo algo que ver con el ejido de Ixil, cuando solo represento a cinco personas que están defendiendo un derecho de una Asamblea celebrada en 2014, donde les asignaron tierras”, mencionó en entrevista con POR ESTO!.
En ese sentido, el abogado detalló que su labor en Ixil únicamente fue la de prestar servicio de asesoría legal a los ejidatarios Wilfredo Serafín Cel Kantún, Julio Chim González, Leovigildo Yam Matú, José Carlos Cen Rubio y José Encarnación Tejero Poot, mismos que ni siquiera pertenecen al Comité Ejidal de dicha localidad.
“Yo no tengo ningún metro de tierra en Ixil, no he ido a esa población, ni tengo otra relación con nadie de ese lugar. Nunca he comprado ningún metro de tierra ahí, solo estoy defendiendo a un grupo de ejidatarios que requieren mis servicios, como el de cualquier abogado profesional”, sostuvo Acosta Solís.
Como informamos anteriormente, en 2014, los ejidatarios decidieron fragmentar y cambiarle el uso de suelo a un polígono de 4 mil 700 hectáreas de tierra, en donde presuntamente se iban a construir zonas de cultivo. Sin embargo, los pobladores recibieron información de que dichos predios serían destinados para desarrollos inmobiliarios, por lo que un grupo de comuneros se organizaron para echar atrás las actas en donde ya habían decidido las fracciones de tierra y el uso que le iban a dar.
Por lo anterior, cinco ejidatarios solicitaron el apoyo de Acosta Solís para defender las actas que se firmaron en 2014 y no se revierta el proceso aprobado.
Desacreditación a Rafal Acosta
Aseguró que las calumnias en su contra se deben a que la actual delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, Rita Chuil Gómez, “se ha dedicado a atacar” a todos los abogados particulares en materia agraria, ya que son los únicos que le dicen “la verdad” a los ejidatarios.
“Es evidente de que hay una intención institucional por parte de la delegada de la Procuraduría Agraria, de desacreditar todo lo que hagamos, sobre todo los abogados particulares y ella (Chuil Gómez) especialmente ha dicho que quiere acabarme”, indicó el defensor, quien adelantó que comenzará a denunciar las agresiones realizadas por parte de la PA.
Añadió que no hace negocios por fuera de la ley y los mecanismos de cobro en especie, mediante los cuales los ejidatarios le pagan con fracciones de tierra, se deben a que los mismos dueños de los terrenos no tienen para pagar sus servicios y prefieren entregar hectáreas, en lugar de dinero, lo que se conoce como dación de pago.
“Tú tienes el derecho a tener la mejor defensa o el mejor servicio jurídico, si te lo puede dar un despacho. Tienes el derecho a recibirlo. Pero si no cuentan con los recursos, puedes cobrar en dinero o en especie, por eso hay ejidatarios que me dan los honorarios, pero ellos pagan, yo les doy facturas, no violo ni una ley”, abundó.
Acosta Solís mencionó que dichos señalamientos le han causado daños morales, que provocan pérdida de clientes a su despacho privado, por lo que ya prepara distintos procesos legales contra quienes se encargaron de calumniar su trabajo.
Finalmente, recalcó que ante todas las acusaciones, no hay abogado que haya podido comprobar que realice procesos ilícitos, amañados o fraudulentos, además de que está dispuesto a litigar para defender nombre y el de su firma.
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RC
JG