La falta de una regulación adecuada ha generado informalidad en el sector inmobiliario de Yucatán, en especial en los vendedores de “lotes de inversión”, que no podrán cumplir con sus promesas, lo que generará pérdidas de hasta dos mil 500 millones de pesos (mdp) anuales, en los últimos cinco años, advirtió Jesús Herrera, gerente del Grupo López-Rosa.
“En general, el sector inmobiliario mexicano es informal y Yucatán no es excepción. Esto se debe principalmente a que no existe restricción alguna (salvo en 2 Estados) para operar como agente inmobiliario. Por lo mismo, personas sin la preparación adecuada ni los conocimientos mínimos intermedian operaciones inmobiliarias”, apuntó.
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Para solucionar este problema “legal”, Enrique Trava Griffin, presidente en Yucatán de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó a POR ESTO!, que promoverán una iniciativa de ley para que se tenga una regulación en los agentes de bienes raíces, en especial a los “loteros”, debido a que se están convirtiendo en una burbuja inmobiliaria que, en algunos años explotará, con incalculables daños millonarios al patrimonio de los inversionistas.
Jesús Herrera señaló que, en el submercado de los terrenos, algunas empresas comercializan productos sin ninguna seguridad jurídica, es decir, desarrollos inmobiliarios que aún no cuentan con los permisos de construcción y funcionamiento, o están ubicados en zonas incompatibles con desarrollo inmobiliario.
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Aclaró que la venta de terrenos irregulares surge por un “boquete en el sistema legal”: la mayor parte de los municipios expiden permisos de división de terrenos o de constitución de régimen de propiedad en condominio sin pedir otros estudios y factibilidades previas, lo que permite al desarrollador dividir legalmente sus terrenos, aunque no cuente, por ejemplo, con liberación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Esto llevará a los “loteros” a no poder entregar sus productos, ya sea porque jamás podrán conseguir los permisos o porque venden tan barato que no podrán construir lo que prometen, por lo que cometerán fraudes por incompetencia.
Cuestionado sobre cómo medir las pérdidas que han causado estos loteros, señaló que debido a que “aún no vencen sus largos plazos de entrega, es difícil dimensionarlo, pero definitivamente serían al menos dos mil 500 millones de pesos anuales en los últimos 5 años”.
“El problema es el proceso jurídico. Las cosas serían muy diferentes si, antes de expedir un permiso de división, se solicitaran las factibilidades necesarias, como se hace en el municipio de Mérida, por ejemplo”, apuntó.
Afortunadamente, existen “loteros” que sí cumplen con ofrecer seguridad jurídica a sus clientes y entregar productos de valor. En ese sentido, recalcó que en el Grupo López-Rosa tiene por objetivo “hacer las cosas bien, educar al mercado, a los clientes, y educar a los vendedores, agentes y brokers.
“Al fin y al cabo, la manera más sencilla de eliminar estos jugadores que ofrecen productos que son una bomba de tiempo, que al explotar va a destruir el mercado al generar un clima de desconfianza para los clientes inversionistas, es hacer que los vendedores no quieran vender productos inseguros y que los clientes hagan conciencia de que ciertas ofertas resultarán un fraude, aunque sea por incompetencia del desarrollador”.
Finalmente, recalcó que es sencillo verificar que el lote de inversión no es un terreno irregular, “ya que los fraudes no tienen cómo demostrar la propiedad de la tierra, o no tienen autorización de división o constitución de condominio, o no tienen autorización de construcción de sus calles, o no tienen MIA, o no tienen liberación del INAH, o no tienen factibilidad de servicio por parte de la CFE, o vendan tan barato que es imposible que entreguen lo que ofrecen, utilicen su sentido común por favor”.
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CC