Según datos de indicadores del bienestar por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Yucatán se encuentra en quinto lugar en mortalidad materna a nivel nacional, con un promedio de 50 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, y ocupa el lugar número ocho en mortalidad infantil con una tasa de 12.9 muertes por cada mil nacidos vivos.
Según la Secretaría de Salud, las principales causas de fallecimiento de madres son las hemorragias graves durante el parto, las infecciones posteriores al alumbramiento, la hipertensión gestional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones y abortos peligrosos.
El obstetra Carlos Mendívil señaló que las consecuencias para los niños después de la muerte de sus madres son enormes, y repercuten por mucho tiempo en la unidad familiar. Generalmente, la muerte materna afecta a toda la familia y produce un impacto negativo en la estructura y dinámica de la célula social, con severas consecuencias futuras sobre todo para los infantes.
De manera particular, afecta en el bienestar de los niños que se quedan sin madre, lo cual se traduce en un incremento en la morbi-mortalidad infantil; en el caso de los niños más grandes, deserción escolar, adquisición de nuevos roles y un futuro incierto en algunos casos para los huérfanos”.
Por otro lado, cifras arrojadas por el Censo de Población y Vivienda del 2020 reveló que Yucatán lidera a nivel peninsular en embarazos adolescentes, ya que en el 2020 en el primer año de la pandemia se reportó que dos mil 31 yucatecas entre los 12 y 17 años ya eran madres; otro dato preocupante en el Estado era el de niñas de 14 años, pues registraron 51 menores embarazadas o recién dadas a luz.
Los municipios con más casos de maternidad infantil después de Mérida fueron Motul, Hunucmá, Ticul, Oxkutzcab, Progreso, Chemax, Maxcanú y Valladolid.
En entrevista, Yamili Chan Dzul, integrante de la Red Pépono’ob, agrupación de mujeres indígenas que promueve los Derechos Humanos, incluidos los sexuales, manifestó que el embarazo infantil en las comunidades rurales es un tema importante.
“Se trata de situaciones de salud pública, porque esto obstaculiza el proyecto de vida de los adolescentes, es una situación que se debería atender en espacio como las escuelas y traducir al maya una Cartilla de Derechos Reproductivos y Sexuales y así estén disponibles, de igual manera la atención clínica en los municipios prácticamente es nula, ya que aunque se logra garantizar que cuando un joven va a pedir información sexual sea atendido o que se le proporcione los preservativos si los requiere” expresó Chan.
La activista señaló que la responsabilidad no sólo recae en el Gobierno del Estado, sino en cada uno de los Ayuntamientos.
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CG