El Congreso de Yucatán tiene en sus manos una iniciativa para incluir en la Constitución Política del Estado el Derecho Humano a la Ciudad, que podría aprobarse mañana miércoles, para poner freno al crecimiento descontrolado de localidades de Yucatán y de su capital, Mérida, con desarrollos y asentamientos en los que no se prevé que lleguen los servicios básicos, como el caso de los llamados “lotes de inversión”, terrenos ubicados en medio de la nada, y donde no hay planeación ambiental adecuada.
Los diputados dieron ayer el primer paso al aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por la fracción legislativa del PRI y será sometido a consideración del pleno este miércoles.
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El diputado Gaspar Quintal Parra explicó que esta reforma de ley implicará la actualización de la legislación correspondiente a los asentamientos humanos, la planeación, el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano, escuchando e integrando, en esta labor, a los 106 ayuntamientos y a la ciudadanía.
El coordinador de la fracción legislativa del PRI señaló que es prioritario poner freno al crecimiento urbano desordenado que está amenazando a Mérida, las zonas conurbadas a la capital del Estado y a todo Yucatán, y que puede propiciar problemas sociales y medioambientales como contaminación y falta de agua.
POR ESTO! ha difundido ampliamente el problema social que está generando la venta masiva de “lotes de inversión” en casi todo el Estado, en la que los terrenos ofertados están en el monte, sin posibilidad que una autoridad municipal pueda llevar servicios básicos y otras prestaciones a los futuros habitantes.
Asimismo, los compradores han externado su desconfianza por los términos legales de compra-venta de los lotes, al percibirse “abusivos” y totalmente favorables para el vendedor con la posibilidad de perder su inversión y ser víctimas de fraude.
Quintal Parra aseguró que al aprobarse la propuesta en el pleno, el estado garantizará el derecho a la ciudad que consiste en el uso pleno y equitativo de las localidades y asentamientos humanos, considerando los principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sustentabilidad, sostenibilidad, respeto a la diversidad en todas sus formas de expresión, a la naturaleza y al medio ambiente.
El legislador mencionó que el derecho a la ciudad será un principio rector para definir las rutas de trabajo desde el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos; y para que año con año las políticas públicas y la utilización de los ingresos públicos encuentren justificación en acciones que procuren solucionar problemas y entregar resultados, como vialidades, accesibilidad, así como la gestión de los centros urbanos y asentamientos humanos.
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JG