A partir del año 2000, el ejido de Chablekal, comisaría de Mérida, empezó a perder paulatinamente sus tierras, de modo que ahora únicamente le queda el 32.6 por ciento de lo que recibió en el reparto federal.
Alfonso Ucán Tec, uno de los ejidatarios, explicó que se han efectuado 17 operaciones de cambio de uso de suelo de esa época para acá, incorporando a 131 “avecindados”, quienes reciben varias hectáreas y que finalmente las privatizan y las convierten en proyectos que dejan enormes ganancias, como sucedió con el Country Club en el 2005, cuando se vendieron 511.4 hectáreas a un grupo de empresarios. La mayor parte de los procesos fueron en asambleas poco claras, subrayó.
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POR ESTO! indagó en el Sistema Padrón e Historial de Núcleos (PHINA) y confirmó que ese ejido recibió la dotación de 4 mil 673 hectáreas en 1927 y una ampliación en 1939, y sólo le quedan ahora 1 mil 519.27 hectáreas, es decir, vendió en este tiempo 3 mil 153.72 hectáreas.
En el año 2000, el ejido realizó cuatro operaciones de cambio de destino de uso común a área parcelada, de distintas cantidades de hectáreas: 215.1, 124, 71, 33 y 169. Después, en el 2002 hizo un movimiento fuerte de cambio de uso de suelo: 169.7 hectáreas; en el 2003, fueron 305.3 hectáreas y en el 2004 fueron dos, una de 97 y otras de 165 hectáreas.
El impacto más fuerte fue con la venta de tierras para el Country Club, de 511 hectáreas el 13 de abril del 2005 y en el 2006, el ejido efectuó dos ventas, una por 120 y otra por 84 hectáreas. En el 2007 fueron 73.3 hectáreas.
Con estos números, la tierras ejidales de Chablekal, por su ubicación al Norte de Mérida, parece muy anhelado por los empresarios. Por ejemplo, se vendieron 116.9 hectáreas, en el 2008, solo 6, en el 2001, sólo 17, pero en el 2011 vendió 40.5 hectáreas y en el 2014 una cifra elevada de 881 hectáreas, la última operación registrado por el PHINA. Es así que el ejido de Chablekal ha vendido el 67.5 por ciento de sus tierras.
Alfonso Ucán Tec, uno de los líderes del movimiento que mantiene tomadas las instalaciones de la zona arqueológica de Dzibilchaltún desde hace dos meses y medio para exigir la anulación de un acuerdo de asamblea sobre la posesión de 53 hectáreas en ese sitio prehispánico, dijo que muchas se hicieron bajo engaños a los ejidatarios.
Saúl Chi Dzul, otro ejidatario de Chablekal, explicó que los presidentes ejidales y su comitiva, al vender las tierras de uso común, suelen acordar pagos mayores, pero en el papel ponen otra cantidad que los beneficia y por ello hacen firmar hojas en blanco de tres o cuatro veces con el pretexto que son para “los anexos”.
El legajo de firmas se agrega a un documento que pocos suelen ver (la caratula de la acta) y que va acompañado del croquis de los terrenos en venta con dimensiones distintas a las que se mencionaron en el momento de recabar las rúbricas.
Chi Dzul comentó que el intento más reciente de vender tierras fue a 122 pesos el metro cuadrado, mientras los empresarios lo suelen revender luego a 1,000 o más. De hecho, citó el caso de los terrenos que vende un desarrollo inmobiliario llamado Soluna a 3,000 pesos el metro cuadrado, que antes era parte del ejido de Chablekal.
No se concretó la venta porque alrededor de 30 ejidatarios impugnaron el proceso. El caso se registró en abril del 2021 y ahora sigue en litigio en el Tribunal Agrario. Lo que molestó a este grupo fue que en un principio se habló de siete hectáreas, pero en el “anexo” se incorporaron muchas más.
Es así como siempre se ha vendido la tierra, expresó Chi Dzul.
Por eso, Alfonso Ucán Tec afirmó que el movimiento de protesta de un sector del ejido se mantiene frente a la zona arqueológica de Dzibilchaltún, hasta que se nulifique la asamblea del 12 de diciembre del año pasado.
Las autoridades agrarias ya emitieron la notificación para una reunión en la que podría cambiar el acuerdo. Según explicó, la directiva que encabezó Manuel Abán Can acordó por las 53 hectáreas un primer pago por 30 millones de pesos, pero nunca explicó cuál sería la cantidad total. Se especula que podría ser 127 millones de pesos.
Entonces, liberar la zona arqueológica está condicionada a una negociación por la revocación del acuerdo de la asamblea del 12 de diciembre, y la elaboración de otro acuerdo con una cantidad que determine el Gobierno federal por medio de un avalúo justo.
Mientras no haya acuerdo, no levantarán el plantón, advierte.
Al no estar abierta, el Gobierno federal y estatal pierden ingresos económicos por las visitas que no llegan al antiguo centro ceremonial de Mérida.
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JG