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Ejidatarios de ocho municipios de Yucatán piden la restitución de 17,842.89 hectáreas que les fueron arrebatadas por medio de asambleas arregladas, incluso en donde firmaron y recibieron dinero por el pago de tierras personas ya fallecidas.
Se trata de los ejidos de Samahil, San Antonio Chum (Umán), Kinchil, Izamal, Tunkás, Maxcanú, Conkal y Celestún, cuyos procesos están siendo revisados en los tribunales agrarios, pero que confían en la nueva política del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la tierra regresará a sus manos.
POR ESTO! publicó ayer que este 1 de mayo, representantes de estos ejidos participarán por vez primera en una manifestación en la Plaza Grande, frente al Palacio de Gobierno, en la que pedirán a las autoridades que no guarden silencio y que apliquen programas de apoyo que vayan directo a los campesinos, sin intermediarios.
Por ejemplo, al ejido de Samahil le fueron arrebatadas de manera ilegal 2,700 hectáreas en dos asambleas amañadas. El ejidatario Lorenzo Balam Canché explicó que el 7 de octubre del 2015 y el 26 de abril del 2019 se promovieron recursos ante el Tribunal Agrario por asambleas arregladas.
En el primer momento, los dirigentes ejidales vendieron 2,000 hectáreas y en el segundo 1,700 hectáreas, a 2 y 4 pesos el metro cuadrado, una cantidad ridícula, incluso en la asamblea del 2016 recabaron firmas de tres personas muertas y no sólo eso sino que hasta se les pagó por sus rúbricas.
Por las ventas del 2015 y el 2019, los dirigentes ejidales y sus “secuaces” recibieron 30 millones y 68 millones, respectivamente, cantidades desorbitantes de recursos, afirmó Balam Canché.
De acuerdo con los datos del Sistema Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN), ese ejido recibió en asignación en 1937, un total de 6,697.75 hectáreas y ahora sólo le queda 8 mil. Sin embargo, en el PHINA aparece oficialmente una pérdida de 2,234.09 hectáreas.
“Nos están desmantelando el ejido”, dijo Balam Canché.
En el ejido de Celestún, por ejemplo, sucede algo similar. Recibió 16,948 hectáreas y actualmente le quedan 14,426.91 y ha perdido 2,521 hectáreas. En esa zona, de acuerdo con la versión de los ejidatarios, una empresa porcícola, filial de Kekén, compró de 200 a 300 hectáreas para establecer granjas.
Ahí, acusan al líder ejidal Luis Balam como la persona que empezó la venta de tierras bajo engaños y fabricando asambleas falsas. La especulación de tierras ha durado ocho años, bajo el liderazgo de esta persona.
En el ejido de Maxcanú ya se vendieron 50.55 hectáreas, aparentemente un asunto menor, pues en su dotación fue de 25,633 hectáreas. Sin embargo, los ejidatarios acusan que el alcalde Camilo May Cauich y el empresario Fausto Pereira se han apoderado del ejido. El alcalde regentea 300 hectáreas y el empresario más de 300, que usa para explotar la tierra roja y venderla a una empresa cementera, dejando los terrenos inservibles.
Este caso está en tribunales. De acuerdo con Pedro Quijano Uc, uno de los coordinadores del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, la situación es grave, hay abuso de poder en contubernio con empresarios para dejar inservible la tierra y dañar el patrimonio de los ejidatarios.
A este problema se suma que en Maxcanú hay un litigio vigente por 540 hectáreas que les quiere arrebatar el ejido de Becal, Campeche, que podría resolverse en un mes. Este asunto también lo dio a conocer POR ESTO! hace un par de semanas, pues incluso el Gobierno estatal aportó topógrafos y asesores legales para apoyar al ejido y evitar afectaciones al territorio yucateco.
Otro caso es Conkal. Ahí, en el reparto les entregaron 4,717.40 hectáreas, según aparece en el PHINA, actualmente les quedan 1,586 hectáreas, y tienen una merma de 3,130.67 hectáreas que el ejido quiere recuperar en tribunales.
En este ejido, los campesinos acusan a Moisés Cruz Ayil, presidente del comisariado, quien se ha encargado de vender la tierra al mejor postor, falsificando firma de los opositores y pagando a los que lo apoyan. Recientemente vendió 831 hectáreas.
Hay, hasta donde se sabe, nueve actas de asambleas impugnadas y que están en tribunales esperando que las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador puedan revertir todos estos procesos ilegales que afectan al ejido y su patrimonio.
En Kinchil, el ejido recibió en 1939 un total de 28,186 hectáreas, actualmente le quedan 21,973 y han perdido 6,212.6 ha, según se precisa en el PHINA. Ahí, la venta de tierras es algo común. El Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida está litigando este problema en el Tribunal Agrario, donde ya se abrió una mesa de trabajo para atender los despojos.
En Izamal la dotación ejidal fue en 1925 y el Gobierno entregó 21,324 hectáreas, actualmente le quedan 18,573.82 hectáreas, han perdido 2,750.17 mediante varios procesos, lo que ha molestado a los ejidatarios por las formas burdas en que se llevan a cabo asambleas para despojarlos de sus tierras.
Este domingo, otro de los ejidos que estará presente será el de Tunkás. Los ejidatarios recibieron 14,252 hectáreas en dos momentos, 1930 y una ampliación en 1943, actualmente les queda 13,411.57, ya perdieron 840.42 hectáreas, mediante varios procesos, generalmente la venta de tierras de uso común y dotación a avecindados.
En el ejido de San Antonio Chum, del municipio de Umán, los ejidatarios piden que les devuelvan las tierras arrebatadas. Oficialmente hay 51.59 hectáreas que se vendieron. Ellos recibieron 634 hectáreas, les quedan 582.40.
Al menos, el Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida está respaldando a estos ocho municipios, cuyas pérdidas representan 17,842.89 hectáreas, que de algún modo han pasado a manos privadas y que fueron vendidas a precios bajos para hacer luego negocios con abultadas ganancias.
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JG