Semarnat presentará resultados tras un estudio a las granjas porcícolas de Yucatán

En el transcurso de este mes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentará los resultados de los estudios del agua realizados a cerca de las 500 megagranjas porcícolas que hay en la entidad, en el que se apoyará el Consejo Ciudadano del Agua de Yucatán para exigir el cierre paulatino de las más contaminantes, advirtió el activista Cuauhtémoc Jacobo Femat.

Mientras tanto, en Hunucmá y Auayalech, municipio de Abalá, los ejidatarios son asesorados por abogados para presentar denuncias penales en contra de las empresas Bachoco y Kekén, respectivamente, por invasión de terrenos ejidales, daño al medio ambiente y despidos injustificados.

Jacobo Femant recordó que, del total de granjas en el Estado, solo 21 (4.2 por ciento) cuentan con el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), es decir, que más del 95 por ciento “son ilegales”, por lo que, con base a los resultados, se exigirá la desaparición de las más dañinas y las que están cerca de las áreas naturales protegidas (ANP). Enumeró los casos de las plantas en Kinchil, Maxcanú, Hunucmá, Abalá, Homún, Sitilpech, Chapab, Yaxkukul, Chablekal, y San José Tzal, entre otras poblaciones.

Indicó que el estudio conjunto estuvo a cargo de la directora general del Sector Primario y Recursos Naturales de la Semarnat, Adelita San Vicente Tello, y se realizaron en el transcurso de 2022; antes de concluir el mes se efectuará una mesa de trabajo, para dar a conocer los resultados.

Señaló que se visitaron todas las megagranjas para realizar georreferencias, así como estudios del agua, para constatar la presencia de nitratos, nitritos, amoniaco, heces fecales, y demás contaminantes, que afectan el entorno natural pero también la salud humana.

“En cumplimiento de los derechos de las personas se exigirá el cierre de estas granjas porcícolas”, reiteró, pues además de que carecen del respectivo MIA, “nunca se consultó a los pueblos, simplemente empezaron con la construcción y puesta en funcionamiento, sin importarles el daño que ocasionan al medio ambiente, así como a la salud de las personas”.

Consideró de preocupante el daño que ocasionan las 479 instalaciones carentes de MIA, por lo que buscan cerrar al menos las más contaminantes y las más cercanas a las ANP, ya que ante todo se busca proteger el entorno natural y garantizar la salud de los pobladores.

Sobre las plantas cuya clausura exigirían y la fecha para empezar con las gestiones, expresó que todo dependerá de los resultados del estudio, pues primero serán las que más daño causan, y se realizará después de la reunión prevista para este mes en curso.

Vidal Chuc, uno de los voceros y de los principales activistas de Hunucmá, ya había advertido que alistaban una denuncia legal, para los primeros días de enero, aunque hasta ahora no ha confirmado si ya la interpusieron.

Agregó que la querella es por la contaminación no solo del agua sino del suelo en general, pues los camiones de Bachoco, al pasar por el centro de la ciudad, riegan heces.

Pero, además, refiere artículos relativos a los límites territoriales y de tenencia de tierras, ya que presuntamente con apoyo de la alcaldesa Edna Marissa Franco Ceballos, Bachoco se apoderó del 25 por ciento de los terrenos de la cabecera municipal y ha cerrado con muros de concreto el tránsito de algunas calles, como la 20 y 22..

Como ha informado POR ESTO!, los habitantes de Hunucmá han realizado protestas frente al Palacio Municipal para exigir a la alcaldesa el apoyo para frenar la voracidad de Bachoco, sin embargo, no han obtenido respuesta.

“En 2023 sacaremos a Bachoco de Hunucmá por la vía legal, o por la que sea necesario”, afirmó Vidal Chuc, quien agregó que no permitirán que en una ciudad “en pleno crecimiento y desarrollo, la empresa avícola les imponga su permanencia y contamine y robe terrenos que pertenecen a los pobladores y no a una entidad privada”.

Señaló que, además, Bachoco deberá pagar multas por los daños realizados al hábitat, al agua y a las calles de Hunucmá, y aseguró que si las autoridades no hacen lo consecuente, están preparados para desarrollar estrategias que impidan que la empresa avícola imponga su ley atentando contra los derechos humanos y constitucionales de los habitantes.

Félix Nóvelo, asesor de los ejidatarios y pobladores de Uayalceh, señaló que preparan sendas denuncias legales contra Kekén, por daño ecológico y laboral. Se elaborarán en dos sentidos, la primera es para que detenga la contaminación del agua y biodiversidad en el municipio ubicado en el anillo de cenotes. Mientras que la segunda queja será por el incumplimiento en los pagos e indemnización a 26 trabajadores de la población, a los que “engañó, empleó y usó, para después despedirlos injustificadamente”.

Detalló que para la entrada de Kekén en la comunidad se conformó una sociedad entre los habitantes y la empresa, en la que se acordó que las ganancias irían a partes iguales, pero al no cumplirle a los trabajadores, estos han sido despedidos injustificadamente, y sin indemnización.

Carlos Canché Chi y Orlando Ucán López, dos miembros del grupo de ejidatarios que cedió terrenos a cambio de formar parte de la sociedad con Kekén, y que fueron despedidos de manera injustificada hace un año y medio por exigir cuentas, pelearán legalmente por despido injustificado.

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CC