Los acosadores que antiguamente salían a las calles a “atacar” han encontrado en internet el escondite perfecto para salirse con las suyas, pues a pesar de que las víctimas denuncian más estos casos en las líneas de ayuda, como la del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), solo 2 de cada 100 acuden a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, según la estadística de la dependencia meridana.
De acuerdo con datos proporcionados por Fabiola García Magaña, directora del IMM, la proporción de denuncias al teléfono de apoyo es de dos por “ataques” digitales contra una de acoso callejero: de 80 peticiones de auxilio de posibles víctimas, 15 son por intimidación vía internet y solo ocho en la vía pública.
Datos de la encuesta Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) parecen confirmar los informes municipales: en Yucatán, el 65.5 por ciento de las internautas manifestó haber sido víctima de ataques en internet, una cifra más alta que la nacional, de 64.1 por ciento.
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Algunos otros datos refuerzan la estadística negativa: un sondeo del Instituto, en 2021, arrojó que el 47 por ciento de las encuestadas sufrió acoso cibernético y el 21 por ciento, fue víctima de difusión no consentida de imágenes privadas. Ese año, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 101 carpetas de investigación por acoso, amenazas y revelación de fotos íntimas. En nueve meses de 2022, se recibieron 89 querellas.
García Magaña asegura que la violencia digital, el acoso y hostigamiento sexual, son los ilícitos que más se atienden en el IMM, pues de las 80 llamadas que, en promedio, reciben al mes en la línea de emergencia, el 35 por ciento (28) son de alguno de ellos. Dijo que estos problemas “han detonado”los servicios del instituto: atienden entre mil y mil 500 mujeres en las tres sedes: Centro, Oriente y Sur.
Aseguró que las mujeres son ahora más conscientes de los ilícitos y pueden identificarlos, de ahí que soliciten, cada vez con más frecuencia, ayuda a las líneas telefónicas de apoyo, donde reciben asesoría y acompañamiento psicológico. Sin embargo, reveló que solo dos por ciento de las víctimas denuncia penalmente, porque considera que el proceso será “cansado” y que no tienen garantía de respeto a sus derechos humanos.
“Hace 22 años no se podía hablar de una violencia digital, también en ese tiempo la violencia familiar no era considerada como delito, por lo que ahora hay una transformación en el ejercicio de las violencias y en la modificación del marco normativo que permite la actualización de los modelos de intervención de este instituto”, comentó.
“A lo largo de estos 22 años ha habido una transformación de esta política pública, Mérida hoy cuenta con un Instituto que es referente en su propia ciudad, desde luego a nivel local e internacional y eso nos debe de llenar de mucha satisfacción”, comentó la titular.
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LV