Activistas de la 7ª Reunión Nacional de Grupos Promotores de las Contralorías Autónomas del Agua, que se realizó en Mérida, exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno el cierre paulatino de la operación de megagranjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes y la prohibición de instalar más plantas ahí.
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Los participantes, entre expertos, investigadores, miembros de organizaciones y sociedad civil, incluyeron esa exigencia en un manifiesto con nueve demandas, entre las que también destacan el reconocimiento del suelo kárstico de la Península de Yucatán como especialmente vulnerable y el respeto a los derechos de las comunidades mayas, plasmados en la Constitución y tratados internacionales, además de las normas ambiental y social en materia de agua.
Durante el encuentro realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), leyeron los puntos del manifiesto, el primero de ellos apunta a la protección de las comunidades indígenas, a la conservación ambiental, ante la vulnerabilidad de territorios kársticos, procesos contaminantes y daños a la salud pública. El segundo, reconocer a la Península de Yucatán como vulnerable a la contaminación y a la sobreextracción.
En tercer orden, se enfatizó en la urgencia de una regulación para frenar la entrega indiscriminada de concesiones de agua a las grandes corporaciones y en general a los proyectos altamente extractivos y contaminantes con alto impacto en la salud humana y al medio ambiente. “La asignación del agua debe priorizar el uso personal, doméstico y comunitario sobre cualquier uso industrial, agrícola o de otra índole”.
En cuarto punto, pidieron hacer efectivos los derechos humanos de las comunidades mayas, como a la libre determinación, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua y al saneamiento. De igual manera, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, para instalar un proyecto en su territorio; a la transparencia en la gobernanza ambiental, a la participación pública, a la justicia ambiental y acceso a la información.
El quinto pronunciamiento: la soberanía alimentaria con programas de agroecología, cultivo y alimentación ancestral; fortalecer la milpa y el solar maya. “No más subsidios a modelos agroindustriales extractivos que generan pobreza y contaminación. Prohibir los cultivos transgénicos y la utilización de plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana y los ecosistemas”, expusieron.
El sexto apartado es primordial: la prohibición y cierre paulatino de la operación de megagranjas porcícolas y avícolas en la reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes.
El séptimo punto fue parar la criminalización de las comunidades y actores sociales que actúan legítimamente en la defensa de sus fuentes de abastecimiento de agua.
En el octavo peldaño, colocaron los derechos humanos al agua y al saneamiento de la ciudadanía, así como otros interrelacionados e interdependientes: a la vida, a la no discriminación, a la salud, al acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia de grupos vulnerables.
Finalmente, en el noveno punto, se exhortó a un funcionamiento efectivo de sistemas de agua potable y de plantas para el tratamiento residual, que elimine metales pesados, plaguicidas, virus y bacterias, fármacos y microplásticos. La premisa es rediseñar el sistema de saneamiento e infraestructura hidráulica, en vez de únicamente ofrecer agua de pozo clorada y entubada. “Urge un sistema de saneamiento acorde al desarrollo de las grandes ciudades”, se puntualizó.
Experiencias a lo largo y ancho del país
Previamente, Pedro Moctezuma Barragán brindó el panorama hídrico nacional y el marco legal para formación de contralorías ciudadanas autónomas del agua que puedan frenar las afectaciones al derecho humano, al agua y saneamiento.
La maestra Elizabeth Estrada Macías, compartió la experiencia de la formación de la contraloría ciudadana autónoma de La Laguna, Torreón, sus retos y logros para combatir los efectos de arsenicismo y la sobre extracción de agua por mega proyectos.
La doctora María Eugenia Ochoa García expuso sobre el importante papel de las mujeres en la defensa, gestión y conservación de las fuentes de agua en la conformación de las contralorías ciudadanas autónomas.
El doctor Alfonso Cortés Lara compartió la experiencia de la contraloría ciudadana autónoma de Baja California y sus éxitos en la regulación y freno a megaproyectos que impactan sobre las reservas de agua de las zonas áridas.
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LV