La corredora inmobiliaria yucateca Fabiola Cabrera Quijano interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los promotores de un desarrollo inmobiliario a quienes acusa de incumplimiento de contrato al no pagarle la comisión acordada por la venta de una lujosa propiedad.
De acuerdo con la querella presentada el pasado 23 de octubre, Cabrera Quijano fue contratada como broker por los promotores León Felipe Martínez Villamor y su esposa, Claudina Comas, de la empresa foránea MCA Arquitectura y Construcción, para la venta de una casa valuada en 5 millones de pesos, ubicada en la privada Piedra Verde, en Santa Gertrudis Copó.
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Tras varios meses de trabajo, la experimentada corredora logró concretar la operación de compra-venta en mayo, con el pago total por parte del comprador, fechado en junio. Sin embargo, cuando solicitó su comisión por la intermediación, de alrededor de 300 mil pesos, los promotores se negaron a pagarle, bajo pretexto de que necesitaban la factura; pero aun con el documento, el pago nunca llegó y los promotores comenzaron a amenazarla si persistía en su reclamo, según consta en la denuncia.
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Ante esta situación, Cabrera Quijano decidió presentar la querella por los presuntos hechos delictivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer (FEM). El caso se difundió en redes sociales para alertar a profesionales inmobiliarios sobre estos promotores foráneos que presuntamente incumplen acuerdos y abusan de la buena fe de corredores locales.
La broker aclaró que su interés al hacer público el caso es prevenir que otros colegas sean afectados, y no poner en duda su trayectoria y honestidad tras 20 años de experiencia en el competitivo ramo inmobiliario yucateco. Asimismo, advirtió que emprenderá acciones legales ante cualquier amenaza o difamación en su contra por parte de los promotores.
Según parece, este incidente generó indignación entre gremios inmobiliarios en Yucatán, que ven con preocupación la llegada de promotores foráneos que buscan aprovecharse del auge del sector, pero sin respetar acuerdos ni regulaciones locales. También, el caso refleja la necesidad de mayor vigilancia sobre estas prácticas para proteger tanto a profesionales como compradores ante posibles fraudes.
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GC