El informe "Racismo y discriminación racial en el sistema de justicia de México", presentado ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, revela que en el estado hay 1.662 personas privados de su libertad, de los cuales 337 son indígenas, que representa el 20.2%.
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La investigación, realizada por el Instituto Internacional sobre Raza e Igualdad y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), alerta además que puede haber un subregistro de los reclusos originarios.
Esto se debe a que se les presiona para negar su identidad étnica con el argumento de que reconocerse indígenas "alentaría" sus procesos al requerir intérpretes y traductores.
En presencia del presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, estuvo presente durante la lectura del documento, que analiza casos en cuatro entidades del país, incluyendo Yucatán, y documenta serios problemas de acceso a la justicia para esta población.
Entre ellos destacan la falta de intérpretes de lenguas indígenas, escasez de defensores sensibles a sus culturas y juicios sin perspectiva intercultural.
Un ejemplo mencionado es la penalización de ciertas prácticas tradicionales como el consumo de peyote o huevo de tortuga, cuando no tienen fines comerciales. Asimismo, señala las largas distancias y costos de traslado a los que se enfrentan los indígenas de regiones alejadas a los centros de impartición de justicia.
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AA