Pese a frenar el proyecto Cedrón, en Ixil no hay alivio, pues sus pobladores señalan que tienen limitado su andar para realizar sus actividades, las familias Abimerhi y Millet los intimidan, pues buscan hacerse de propiedades del municipio y para ello recurren al hostigamiento sistemático de los habitantes, que va más allá de terrenos cercados.
Noticia destacada
Inmobiliarias violan restricción de Profepa para construir obras en 5 mil hectáreas en Ixil y Kinchil
Por ejemplo, se denunció que camionetas blancas y automóviles sin placas circulan por Ixil con total impunidad, transportando a personas ajenas a la comunidad.
Asimismo, se enfatizó que el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa con sede en Mérida, el cual resuelve en segunda instancia todas las demandas relacionadas con delitos federales de carácter penal, falla a favor de intereses empresariales y en contra de las comunidades mayas.
Noticia destacada
¡Otra vez inmobiliarias! Primero Mérida, ahora proyecto Cedrón intenta acabar con la selva de Ixil
Como prueba de esto es que el 7 de diciembre ese Tribunal Colegiado revocó la orden de suspensión provisional que dictó el Juzgado Primero de Distrito, que había dejado sin efectos la orden de aseguramiento de tierras de Ixil.
“El Tribunal Colegiado decidió, de forma arbitraria, que una orden emitida por un Ministerio Público es equivalente a una orden emitida por un juez, lo que contraviene el orden jurídico vigente”, reveló el comunicado compartido por los afectados.
Y se agregó una falsedad de datos en dicha orden, pues se “afirmó que el aseguramiento no implica afectaciones a la comunidad, pese a que consta en el expediente que numerosas familias mayas dependen de esas tierras para su sustento”, y actualmente no pueden disponer de ellas para sus actividades productivas.
Ante esta situación, la comunidad de Ixil pidió a otras comunidades mayas, organizaciones solidarias y a la sociedad civil que se mantengan alerta, por si en los próximos días, aprovechando las fiestas navideñas, “se lleva al cabo un operativo ilegal para expulsar a las familias mayas que continúan cultivando las tierras colectivas, y de ese modo facilitar su despojo por las familias Abimerhi y Millet”.
De igual manera, se anunció que representantes de Ixil viajarán a la Ciudad de México para solicitar a la Suprema Corte que decida sobre la orden de suspensión definitiva, al considerar como “infame” la trayectoria del Tribunal Colegiado.
En otro frente
Los pobladores de Ixil seguirán con su lucha por la vía legal. Como POR ESTO! informó, el siguiente paso es denunciar a Grupo Fiat y Ecopsa Desarrollos. La primera fue fundada en 2020, de la mano de la segunda, establecida en 2017 y cuyos dueños son José María Espinoza Molina, Roberto Núñez Proulx y Miguel Espadas Seba, de acuerdo con información de febrero de 2022.
Por lo pronto, la denuncia comunitaria expuso que el desarrollo inmobiliario Cedrón“está vendiendo lotes y deforestando un área forestal sumamente cercana a Ixil, lo que supone riesgos graves para nuestra subsistencia, dado que nuestra comunidad depende de la agricultura tradicional maya, que requiere la conservación de amplias áreas de selva para funcionar y es incompatible con la deforestación de áreas extensas”.
El informe se entregó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; la Procuradora Federal de Protección al Ambiente, Blanca Alicia Mendoza Vera, y el jefe del Departamento de Denuncias Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Yucatán, José Alberto González Medina.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
LV