Las comunidades mayas de Ixil y Kinchil se unieron para frenar lo que consideran un abuso por parte de empresarios inmobiliarios y anunciaron que pelearán por la regulación de sus territorios.
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Como publicamos, en días pasados ejidatarios de Kinchil realizaron una asamblea en su parque principal, en la que se reconoció de forma oficial a 71 personas como poseedoras de un territorio en conflicto con Tetiz. Por su parte, los pobladores de Ixil interpusieron una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra del desarrollo inmobiliario Cedrón. Ahora, levantaron nuevamente la voz ante la presión que ejercen el sector inmobiliario y de la construcción, presionando a autoridades ambientales para que agilicen la autorización de proyectos.
“Las comunidades rechazamos la postura de los empresarios y reclamamos leyes más rigurosas contra los despojos y la destrucción ambiental que causan los desarrollos inmobiliarios en todo Yucatán”, afirmó José Cobá Cocom, de Ixil. “Las comunidades mayas sabemos cómo queremos vivir, pero las inmobiliarias no respetan nuestra forma de vida como pueblo originario. Las leyes son muy suaves con los empresarios, pedimos leyes más duras y que se tomen las medidas necesarias para que esas leyes se respeten”, aseveró.
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“Yo nací en una hacienda, tengo 69 años y amo el campo. Quiero que mis hijos y nietos puedan cultivar la tierra. Estas tierras se ganaron con lucha y las vamos a defender, no tenemos miedo, no van a intimidarnos. Hay que ser valientes como nuestros antepasados”, afirmó Concepción Chan Calderón.
“Los empresarios atropellan nuestro derecho a trabajar la tierra, no respetan la biodiversidad. Los animales de montes no pueden defenderse, nosotros debemos protegerlos porque tienen derecho a la vida y están desde siempre en nuestro territorio”, continuó Cobá Cocom.
Jorge Yam lo secundó: “Queremos vivir en nuestro pueblo de la agricultura”. “Pedimos leyes y sanciones más duras. No queremos más inmobiliarias ni más despojos, queremos que detengan a estos acaparadores de cuello blanco, que incluyen políticos y empresarios. Que protejan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, expuso.
“Los empresarios se quejan de que tardan en aprobar sus proyectos, cuando a nosotros nos están quitando las tierras. Antes no se quejaban porque lo tenían todo fácil, los funcionarios trabajaban para ellos. Ahora que se está mirando un poco al campo, a los empresarios les duele”, señaló Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil. “Estos especuladores no son de Ixil, pero quieren hacer fortuna con lo que es nuestro y hemos conservado para nuestros nietos, y que nuestros ancestros cuidaron también. Pedimos que las autoridades nos apoyen y pongan castigos más fuertes”, agregó.
“Nos sumamos a esta demanda, pues también tenemos muchos problemas con las inmobiliarias en nuestro territorio, están invadiendo descaradamente 5 mil hectáreas de nuestro ejido”, denunció Federico May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de Kinchil.
“Hay unos 10 proyectos inmobiliarios en este territorio. Han hecho maniobras ilegales para que nuestras tierras sean adjudicadas a otra gente”, contó. Explicó que “seguimos en estas tierras, practicando la agricultura, apicultura, ganadería, colecta de huano y orégano”, pero las inmobiliarias las están vendiendo abiertamente, lo que consideró “un robo a luz del día”.
“Ya se logró una clausura por parte de Profepa, pero les da igual, siguen trabajando violando la clausura”, lamentó.
Como representante de pueblo originario, Humberto Chan Pech dio su testimonio en lengua maya: “A estos empresarios no les pertenece esa tierra, es para los del futuro, para nuestros hijos y nietos. La tierra es nuestra madre. Yo aprendí a trabajar el campo desde niño. Los políticos quieren quitarnos las tierras. Los ejidos no tienen dueño, el dueño es todo el pueblo”, dijo el campesino de Kinchil. Otra pobladora, Fermina Helena Chan Borges, declaró que “no se nos hace justicia”. “Trabajamos el ganado, las abejas, el orégano, los cítricos. Se están metiendo maquinarias para desmontar”.
Rosa Amalia Ventura Ku complementó la opinión: “Mucha gente piensa que ya no hay campesinos, pero no es cierto, sí existimos. Ahora llega gente que ni conocemos y están sacando a los campesinos. “Pedimos leyes para que se exija a la Profepa que haga un buen seguimiento a nuestras denuncias. En Kinchil llegaron, clausuraron el proyecto inmobiliario y se fueron, y los empresarios siguen trabajando, se lo toman a chiste, y continúan prohibiendo a la gente entrar a sus tierras”, acusó.
“Las granjas porcícolas nos contaminan el agua, las inmobiliarias nos devastan los montes. ¿Dónde van a ir todos los animales? Yo crío ganado, le pongo nombre a todos mis animales, los cuido bien. ¿Dónde los vamos a llevar si nos quitan la tierra?”, cuestionó Heidy Dzul Pech. Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, aseguró que “en Ixil y Kinchil no se ha vendido ni un metro cuadrado de tierras ejidales. En Kinchil la venta de tierras ejidales es literalmente imposible, pues en este ejido no entró el Procede, un programa que facilitó la privatización de tierras ejidales. En Ixil casi todo el ejido lo componen tierras de uso común, y la ley es clara: estas tierras son inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo que es ilegal su venta”, detalló.
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LV