El Congreso del Estado de Yucatán aprobó una iniciativa, presentada por la Alejandra Novelo Segura, para prevenir y sancionar “la segunda violencia”, que más se comete contra las mujeres en el Estado, es decir, la económica patrimonial.
La propuesta, de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública, modifica el Código de Familia para el Estado de Yucatán, en materia de seguridad patrimonial de la mujer. La promovente recordó que hay mujeres que pierden sus casas, patrimonio o haberes por malos manejos de las parejas, porque son adictos al juego (ludópatas) o la bebida (alcohólicos) y, en vez de destinar los recursos para el desarrollo de la familia, los consumen en partidas o botellas.
También se sabe de casos de engaños, amenazas u otras violencias, se obliga a la mujer a pedir préstamos o hipotecas sobre sus bienes, lo que merma su patrimonio y su capacidad para mantenerse. Aseguró que de todo esto hay constancias judiciales y estadísticas, principalmente recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta sobre las Dinámicas de las Relaciones de los Hogares.
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La reforma establece que, cuando existan antecedentes de violencia de género, no aplique el cobro solidario sobre la pareja que adquirió el crédito; tampoco cuando este estuviera a nombre de ella, pero se hubiese obtenido el préstamo sin su consentimiento, o por medio de amenazas o violencias. Se evita el cobro cuando el empréstito haya sido destinado a fines distintivos que los de la manutención o desarrollo de la familia. También, que fuera el agresor quien dejara el hogar familiar, y no la víctima.
Las modificaciones adicionan causalidades de excepción para la obligación común de los cónyuges en el pago de deudas contraídas durante el matrimonio, las cuales se suspenden cuando se acredite cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Según las disposiciones del mismo Código, estas protecciones aplican también para aquellas mujeres que vivan en concubinato, por lo que no solo son para quienes hayan contraído matrimonio.
Además, se adiciona en el artículo 125 que se pierde el derecho de habitar la casa y usufructuar el patrimonio familiar, quien, teniéndolo, haya violentado a las personas que vivan en él. Esta protección establece que el agresor es quien debe de dejar el hogar.
Igualmente, hablaron a favor del dictamen la diputada sin partido, Fabiola Loeza Novelo, quien resaltó la importancia y la esencia de este cambio; ya que las reformas al Código de Familia en materia de seguridad patrimonial de la mujer, vienen a solventar una problemática real que viven muchas mujeres en Yucatán y México.
Aseguró que duchas reformas atacan de manera directa la violencia patrimonial que se ejerce contra una mujer y las necesidades de sus hijas e hijos; esa violencia proviene muchas veces de la falta de pensión alimenticia.
En tanto que la representante de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda, recordó que en Yucatán el 71% de las mujeres yucatecas han sufrido algún tipo de violencia de género, pero menos del 6% de las víctimas acude a denunciar.
Y muchas veces, lo que evita que las víctimas denuncien es justamente el miedo a dejar a sus hijas e hijos sin un techo donde vivir, por lo cual es de celebrar una reforma, que permita que sean los agresores los que se queden sin ese hogar. Y que tanto las víctimas como sus hijos, puedan vivir la casa familiar, sin que eso represente una deuda para ellas.
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LV