A 12 años del millonario fraude de Crecicuentas, delito que afectó a unas 300 familias que depositaron los ahorros de toda su vida, el caso ahora se ventila en Valladolid, ya que la juez primero penal del Primer Departamento Judicial del Estado, Rubí Guadalupe González Alpuche, se declaró incompetente para atender el polémico caso que data de 2011.
Por ende, los afectados por dicha empresa mostraron su inconformidad, porque tendrán que trasladarse a ese municipio, ubicado a poco más de 150 kilómetros de Mérida, para dar continuar a más de 70 denuncias que hay en contra de los directivos de la empresa.
Incluso, personal del Juzgado Penal del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Valladolid, mostró su enojo, pues tuvo que trasladarse a Mérida para entregar las notificaciones a los afectados por Crecicuentas.
Hasta el momento solo algunas denuncias ya se resolvieron a favor de los afectados, pero en este lapso han fallecido poco más de 15 querellantes. Aunque algunos de los inculpados están en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, este año se les podría dictar prisión condicionada y se les pondría un brazalete, en tanto continúa el proceso.
Cabe destacar que Crecicuentas fue constituida en 2004 por los hermanos Jorge Alberto y Miguel Argáez López, tres años más adelante crearon la empresa Crédito Más, con las que realizaban las operaciones de supuestas inversiones para quien ingresara su dinero con ellos. Después, uno de los hermanos, Jorge Alberto, creó la sociedad Asesores Laborales Peninsulares con cinco socios.
Desde la empresa Crédito Más se depositaron 33 millones 557 mil 750 pesos a Asesores Laborales Peninsulares en 2008 y 2009.
A pesar de que la justicia debe de ser rápida y expedita, el presunto fraude cometido por los integrantes de la directiva de Crecicuentas sigue impune para más de 300 familias afectadas.
En un lapso de nueve años, solo en Yucatán, la empresa reunió más de mil socios, quienes depositaron sus ahorros, cerca de 800 millones de pesos. Sin embargo, la mala administración de los integrantes de la familia Argáez López, quienes conformaban la directiva, provocó que a finales de 2012 se declarara en quiebra.
Lamentablemente, de 2013 a la fecha, al menos 15 personas han perdido la vida durante el proceso jurídico, por lo que ninguna de ellas logró recuperar el dinero que invirtió en la empresa, que les prometió un mayor rendimiento por sus ahorros.
Aún continúan las investigaciones en contra de los directivos de la Cooperativa de Fomento Regional Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, así como de Esperanza Equitativa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., ambas mejor conocidas como Crecicuentas.
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