Paraíso Sisal: Representante de Kanan Derechos Humanos respalda suspensión del proyecto

Tras la clausura de Profepa a parte de las obras de Paraíso Sisal -el complejo inmobiliario de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero-, científicos y activistas exigieron a las autoridades estatales y federales no detenerse y avanzar hasta cancelar totalmente el proyecto habitacional de lujo y la venta de terrenos que está devastando el ecosistema costero de Yucatán.

La propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoció que hay graves daños al ecosistema, en el contexto de la acción de la reciente clausura a geotubos que fueron instalados sin permiso, para tratar de “combatir” la erosión que avanza y que, según científicos, el mar terminará por “tragarse” lo que se construya en Paraíso Sisal.

“Esta reacción de los gobiernos estatal y federal es positiva, pero hay que ser claros que suspender no significa retirar”, expuso Gabriela Mendoza González, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien pidió ordenar la desinstalación de las estructuras para evitar más daño y recuperar lo perdido.

Por su parte, Miguel Fernando Anguas Rosado, representante legal de Kanan Derechos Humanos, calificó la reacción oficial como “un remedio político y jurídico, cuya utilidad está en duda”, por lo que exhortó a no quedarse ahí, sino ir a fondo y hacer el cierre definitivo, porque si no los empresarios “tarde o temprano pueden solicitar el permiso y pagar por contaminar”.

POR ESTO!, ha publicado desde febrero pasado que los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero explotan sin escrúpulos una de las zonas protegidas consideradas un patrimonio natural de Yucatán, por la riqueza de flora y fauna, con especies endémicas -que sólo pueden encontrarse aquí-. Sin menoscabo del ecocidio que causan, comercializan pedazos de tierra a precios que rondan el medio millón de pesos el metro lineal.

Revierten anomalías                         

Aunque, según testimonios, utilizaron argucias legales para obtener los permisos de lotificación de los terrenos, y contaron con el aval cómplice de las autoridades, las actuales administraciones estatal y federal han comenzaron a revertir esta anomalía: la Secretaría estatal de Desarrollo Sustentable denunció obra ilegal en el área urbanizada de lo que alguna vez fue parte de la Reserva Ecológica El Palmar; tras una doble inspección, la Profepa determinó que los propietarios violaron la ley ambiental al instalar 50 geotubos a lo largo de casi mil 800 metros de costa, como una medida desesperada por detener la erosión que, en apenas cinco años, se ha tragado la primera duna -que era una “defensa” natural de los terrenos- y está en camino de alcanzar las primeras casas construidas.

En el comunicado oficial, la Procuraduría advirtió del daño que la colocación se realizó “sin considerar y aplicar los criterios y especificaciones establecidos por la autoridad normativa”, lo que “pudo haber causado daños o deterioro grave a los recursos naturales”.

Cuando POR ESTO! documentó las denuncias del ecocidio en las playas del Poniente del puerto de Sisal, la científica Gabriela Mendoza González declaró que, antes de la venta indiscriminada de esas zonas protegidas, Sisal tenía un lugar privilegiado con la construcción de la escollera para hacer el puerto de abrigo, y que esta tenía terrenos ganados al mar, que le brindaban protección para la población y una amplia zona de amortiguamiento del nivel del mar, huracanes, tormentas, vientos fuertes y desplazamiento de arena; todo esto como parte de un servicio a la comunidad.

Ahora, con las construcciones sobre la duna, la devastación de la vegetación costera, y la erosión, ya no hay protección y una amenaza se cierne para la comunidad y el medio ambiente.

Solución de fondo

Por ello, aunque la investigadora asociada del Instituto de Ecología de la UNAM aplaudió la reacción de la Profepa al clausurar parte de las obras de Paraíso Sisal, exigió ordenar la desinstalación y que no sólo se interrumpa el accionar de los constructores, para que de esta manera se comience a corregir el daño ambiental.

“No basta con aplicar sanciones, hay que llevar a cabo una solución de fondo, pero no sólo en Sisal, sino en todas las localidades de la costa yucateca donde está ocurriendo”, indicó la experta, quien ha manifestado que lo que ocurre en esa zona del litoral yucateco preocupa a la comunidad científica local, que busca, mediante investigaciones, incidir en el Gobierno para frenar la devastación que causa la construcción de viviendas en la duna costera.

Reiteró que en casi toda la costa yucateca los desarrollos inmobiliarios están dañando gravemente los litorales, las zonas de manglares y las reservas naturales. “Pasan demasiados abusos en la región y es importante que los medios de comunicación les den visibilidad para que las instancias modifiquen sus líneas de acción y sean más contundentes y no sólo apliquen sanciones económicas”, expuso.

La especialista reiteró que la colocación de geotubos de la forma en que se realizó en Paraíso Sisal es preocupante porque esta tecnología de “suelo encapsulado” que se empleó para reemplazar la roca se hizo perpendicular a la playa y, por el tipo de corrientes marinas que “bañan” la zona, que van de Este a Oeste, literalmente tapa un hueco, pero destapa otro, es decir, lleva la arena de un lado, pero socava otro. Recordó que en Quintana Roo este tipo de estructuras “blandas”, que se colocan para “detener” la erosión, ha tenido efectos catastróficos, precisamente porque se instalaron paralelos a la costa.

Derechos ambientales

Por su parte, la organización no gubernamental Kanan Derechos Humanos, en voz de su representante legal, Miguel Fernando Anguas Rosado, calificó la clausura como “un remedio político y jurídico”. “Lamentablemente, las leyes están construidas para ver el medioambiental como un asunto meramente administrativo y no como un ente sujeto de derechos, es decir, que sea útil para la supervivencia humana y para la supervivencia del ente medioambiental”, afirmó.

“Un ejemplo de esto es el amparo que interpusieron unos abogados en Homún para que reconozcan a los cenotes como sujeto de derecho, justamente para dar la vuelta a las leyes ambientales que hay en el país; el tema ambiental no es sólo una cuestión administrativa, el medio en sí mismo merece una protección tan sólo por existir”, reiteró.

El activista indicó que tanto la Profepa como la SDS  “tienen muchas limitaciones” y advirtió que si los inspectores se presentan en la zona de El Palmar, que colinda con el complejo inmobiliario, y evalúan el daño que pueden causar los 50 geotubos colocados a lo largo de mil 700 metros de litoral “lo verán simplemente como un asunto administrativo”, es decir, para ellos lo relevante es que “no se les preguntó, no se les pidió autorización y no se tiene licencia; sin embargo, el día de mañana, cuando el hotel, cualquier empresa o industria tramite y obtenga su permiso, eso le da una puerta abierta para seguir devastando… Como se dice en el medio de los derechos humanos, pagan por contaminar”, enfatizó.

Comentó que el tipo de proyectos como el de los hermanos Víctor y Daniel Campos Agüero han sido motivo de despojo, principalmente en comunidades indígenas y costeras, pues dijo que Sisal se está vendiendo como un lugar para ir a turistear, pero la realidad esto es grave porque “va más allá de la habitabilidad y accesibilidad de recursos, incluso, de vivienda digna adecuada de las personas locales. Esto genera un desplazamiento, es decir, las personas de Sisal, eventualmente, dejan de ser el principal foco de entrega de servicios y se les dan a las empresas que llegan y se asientan, como en el caso de Paraíso Sisal, en lugares protegidos”, afirmó.

Continuará…

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CC