El 70 por ciento del pago de alimentos de los padres en parejas separadas no se cumplen, por lo que se ha convertido en un tema por resolver en el Estado de manera urgente, afirmó Rudy Prado Lima, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), sección Yucatán.
“Quiere decir que los niños de papás separados principalmente no reciben de manera completa la pensión que están obligados a recibir”, señaló. Pero, también, “que las leyes no están siendo suficientes, ya que la prisión está desde hace muchos años y no ha funcionado.
“El padrón de proveedores ha impulsado que mejore el tema; hay mucho camino por recorrer, pero hoy hay una iniciativa que va a sancionar de manera importante y fuerte los deudores alimentarios que no cumplan, peor hay que discutir el tema que tampoco afecte los derechos humanos de los deudores”, comentó.
Asimismo, que lo importante es poner por encima a los menores, con los que se tiene una deuda.
Tema por resolver
Compartió, que hay un tema burocrático por resolver, ya que hay incapacidad técnica en los tribunales para resolver de forma rápida y expedita, por la falta de personal en materia familiar que atienda los casos, porque la carga anual de expedientes es imposible para el resolver.
Destacó que hay una falta de conciencia por parte de los proveedores por cumplir con esto, prefiriendo quedarse sin trabajo que pagar una pensión. “Cuando ven que su salario puede ser embargado para cumplir con la obligación, renuncian al trabajo, dejando imposibilitando a la autoridad de ejecutar este elemento que le da ley”, explicó. Aunque la ley obliga pagar una pensión tenga un trabajo o no, el problema es cuando no hay forma de saber su ingreso para cuantificar la cantidad.
En ese sentido, destacó la llamada Ley 3 de 3, que impedirá a agresores y deudores alimentarios morosos ser candidatos a puestos de elección popular y ocupar cargos públicos a nivel federal, estatal y municipal.
Ley General de los Derechos
Cabe recordar, que hace unas semanas el pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que impedirá a deudores de pensión alimenticia tramitar documentación como pasaporte o documento de identidad, es decir, la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
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CC