El regidor del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Mariano Toledo, intentó amenazar a los pobladores de la comisaría vallisoletana de Punta Laguna, por lo que fue expulsado por los mismos habitantes por considerarlo un intruso, pues la comisaría no pertenecen a la Entidad vecina sino a Valladolid.
En un hecho inédito y totalmente reprobable, el regidor Toledo trató de evitar que las autoridades municipales de Valladolid festejen a las madres de familia de la comisaría vallisoletana. El interés del regidor es por la añeja disputa por Punta Laguna entre Valladolid y Quintana Roo, además de que Toledo se ha apropiado de varios terrenos cerca del lugar y tiene el interés de privatizar la reserva natural protegida para el grupo Xcaret.
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Ante la desesperación por no contar con el respaldo de los pobladores de la comisaría de Valladolid, el regidor quintanarroense amenazó con usar la fuerza pública de su municipio para apropiarse ilegalmente de la reserva natural protegida de Punta Laguna.
Esto provocó el enojo de los pobladores de la comisaría, quienes literalmente expulsaron al regidor y a su equipo, quienes habían acudido con alevosía y prepotencia al poblado que está literalmente dentro del territorio de Quintana Roo, pero desde hace décadas pertenece al municipio de Valladolid.
Cabe destacar que en todo momento las autoridades municipales de Valladolid, encabezadas en los festejos por la sindica municipal Maria Aída Chan Poot, guardaron la compostura y con respeto le pidieron al regidor que acuda ante las instancias correspondientes para manifestar su inconformidad.
Mientras tanto, la máxima autoridad en el lugar que es el comisario municipal y los pobladores decidieron que sean expulsados de la comunidad los “invasores” de Quintana Roo, para que las autoridades vallisoletanas llevaran a efecto el evento programado.
Como hemos publicado, la defensa legal y jurídica de la comisaría vallisoletana la está realizando el alcalde Alfredo Fernández Arceo, quien recientemente presentó ante el INE y el Congreso de la Unión los oficios que se requieren para darles certeza jurídica a los habitantes de la comisaría vallisoletana, toda vez que el Congreso del Estado no movió un dedo ante el caso.
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CC