Las cárceles de Yucatán“encierran” problemas que impiden la rehabilitación plena de los presos y que incluso ponen en riesgo su estabilidad como la falta de personal de seguridad y custodia, mezcla de procesados y sentenciados y de hombres y mujeres —incluidos niños, que son hijos de las internas—, insuficiencia o inexistencia de espacios para actividades de recreación y nulos programas para desintoxicación de reos drogadictos, entre otros obstáculos.
De acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria, que en Yucatán se realizan en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), la calificación promedio de los llamados Centros de Reinserción Social es de 7.6 —en una escala del 1 al 10— que “le alcanza” para ubicarse en segundo lugar nacional, sólo debajo de Querétaro, que “aprueba” con 8.2.
Después de Querétaro y Yucatán, se ubica Quintana Roo, con 7.19. La calificación más baja la obtuvo Tamaulipas con 4.26. La calificación “general” de todos los penales del país fue de 6.25.
En el caso de Yucatán, los cuatro penales —Mérida (de hombre y de mujeres), Tekax y Valladolid—, el mejor calificado fue el femenil, con 7.99; luego, el de la Sultana de Oriente, con 7.90; después, el del Sur, con 7.60; el último puesto fue para el varonil de la capital, con 7.00.
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En el también llamado Cereso de Mérida, que tiene una capacidad para 2 mil 180 hombres y 100 mujeres, y que al momento de la supervisión la ocupación era de mil 156 y 19, respectivamente, se hallaron deficiencias: falta de personal de seguridad y custodia; “mezcla” de procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de los presos; insuficiencia o inexistencia de actividades recreativas como deportes; carencia de programas para prevención de adicciones y desintoxicación.
Destacaron factores como la buena distribución de la población carcelaria en relación con la capacidad; prevención de violaciones a derechos humanos y atención en caso de detección; prevención y atención de incidentes violentos; supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; capacitación del personal; cuenta con reglamentos y manuales; actividades laborales y de educación, entre otros.
En la cárcel de Valladolid, cuya capacidad es para 144 hombres y 12 mujeres, y que al momento de la supervisión la población era de 101 y cuatro, respectivamente, se encontró deficiencia en atención a presos aislados; falta de separación entre hombres y mujeres; nulos programas de prevención y atención de violaciones a derechos humanos. También hay falta de personal de seguridad, “mezcla” de procesados y sentenciados; y descuido a discapacitados.
Se le calificó bien en distribución de los reos de acuerdo con la capacidad instalada; programas de prevención y atención de incidentes violentos; supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; condiciones materiales e higiene de instalaciones médicas; capacitación del personal; normatividad que rige al centro y procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades; atención a personas adultas mayores; atención a personas LGBTIAQ+ y enfermos de VIH-sida, así como programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
En Tekax, con capacidad de 132 hombres y 20 mujeres —con 137 y ocho, respectivamente, al momento de la supervisión, no hay separación entre hombres y mujeres; inadecuados canales para atención de quejas por violaciones a los derechos humanos; insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para los presos; “mezcla” de procesados y sentenciados; desatención a mujeres o sus hijos —que viven con ellas— y de personas con discapacidad, que viven con VIH o sida e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Tiene programas para la prevención y atención de incidentes violentos; en la alimentación; condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica, talleres y/o áreas deportivas; capacitación del personal; procedimientos para la imposición de las sanciones disciplinarias; actividades educativas; atención a personas indígenas, etc.
En la cárcel de mujeres, cuya capacidad es para 172 personas, había solamente 20 cuando se inspeccionó; se encontró descuido de internas en aislamiento; falta de mecanismos para resolución de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; malas condiciones materiales e higiene de los talleres o áreas deportivas.
Entre los aspectos positivos, es que hay programas para la prevención y atención de incidentes violentos; servicios para mantener la salud; supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular; alimentación; condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores; condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica e instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; capacitación del personal penitenciario; normatividad que rige al centro; separación entre procesados y sentenciados; atención a personas indígenas y LGBTIAQ+.
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GC