Ejidatarios de Celestún ganaron un amparo que frena la compra de 3 mil 500 hectáreas que pretendía realizar Grupo Porcícola Mexicano, que opera la marca Kekén, pues quedó en evidencia que los comuneros fueron engañados con un convenio ilegal, avalado por la entonces comisaria ejidal, Luz Alba Solís Cohuo, informó Sergio Oceransky Losana de la fundación Yansa.
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En conferencia de prensa, ejidatarios celebraron la victoria obtenida en la controversia agraria con número de expediente 253/2020, que ordena restituir los derechos a 72 ejidatarios despojados ilegalmente.
Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los campesinos de Celestún, comentó que están satisfechos porque finalmente se hizo justicia, ya que fueron engañados por el Comisariado Ejidal. “Ellos nos dijeron en 2019 que se había ganado un juicio contra Kekén por el despojo de nuestras tierras de uso común. Nos llamaron a recibir un pago de 12 mil pesos por ejidatario y nos dijeron que ese pago era por la compensación obtenida en esa supuesta victoria judicial. Para recibir el dinero, nos hicieron firmar recibos en blanco. Todo fue un engaño: como demuestra la sentencia, porque el comisariado ejidal había llegado a un acuerdo ilegal con Kekén para entregarle nuestras tierras a través de un convenio confidencial”, detalló.
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Con los papeles firmados en blanco, les arrebataron sus propiedades a las que supuestamente habían renunciado. El juicio comprobó que el proceso de compra-venta fue ilegal y la sentencia concluyó fueron engañados para firmar los papeles, pero ellos nunca fueron conscientes de que los despojaron sus derechos, a los que nunca renunciaron. Por eso, exigieron que les fueran restituidos.
Solís Cohuo, quien estuvo en el cargo de 2018 a 2021, según publicaciones periodísticas, apoyaba la venta de tierras del ejido; en abril de 2018, por ejemplo, convocó a una asamblea en la que se pretendía “parcelar” 12 mil 500 hectáreas. Por esa “inclinación” a repartir el patrimonio, los quejosos le atribuyeron la gestión “bajo el agua” de la operación para despojarlos de sus derechos sobre la propiedad comunal, cuando la venta amañada se concretó en 2019.
Desde entonces, la hoy excomisaria siempre estuvo en el ojo del huracán; de hecho, cuando dejó el cargo, en plena pandemia, en 2021, la elección de su sucesor se convirtió en tira y afloja político más allá de lo normal para un puesto como el suyo: la asamblea fue cancelada cuatro veces en ese mismo año.
En la rueda de prensa, uno de los afectados, Saúl Rodríguez Gutiérrez, aseguró que la sentencia los anima a continuar con más acciones legales para la defensa de su territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja de Kekén, que actualmente opera en el municipio, y que contamina aire, agua y tierra.
“La sentencia refleja que, a cambio de la firma del convenio, se recibió un pago de un millón 449 mil 348 pesos, mientras a los ejidatarios, mediante engaños, se les dio un pago de 12 mil pesos, a cambio de firmar documentos cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y, en muchos casos, de sus derechos como ejidatarios”, agregó.
Finalmente, resaltó, que la sentencia concluye que queda demostrado que “los escritos de renuncia [firmados por los ejidatarios] impugnados son nulos”, y que el despojo derechos ejidales llevados a cabo “atentan contra el derecho humano de ejidatario, de persona indígena y posesión tutelados en los artículos 1º, 2º y 27” de la Constitución, así como diversos artículos de la Ley Agraria y del Código Civil Federal.
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LV