Ante la amenaza de despojo y agresión física a un posesionario, una delegación encabezada por Gerardo Hernández Puerto acudió a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Mérida, para solicitar información sobre los documentos originales que delimitan los terrenos que supuestamente pertenecen a la empresa Bachoco, y poder deslindarlo de las parcelas que los pobladores de San Vicente y San Eduardo han poseído ancestralmente.
La empresa avícola Bachoco intenta apropiarse de las tierras de los pobladores de estas dos colonias de Hunucmá, ubicadas sobre la calle 27, afectando de 100 a 250 familias. El pasado 26 de diciembre, empleados de la empresa agredieron físicamente a un horticultor, que de no ser por la presencia de un vecino, pudieron incluso asesinarlo. Por ello promovieron la denuncia Hunucmá/UNADT-431/2023.
Días antes, los vecinos colocaron piedras en el pavimento de la calle 27 e impidieron el acceso de las unidades de Bachoco a su planta, en respuesta a las cercas metálicas que la empresa puso para cerrar la calle 27, el acceso a sus parcelas y viviendas, violando abiertamente sus derechos constitucionales al libre tránsito y a sus derechos agrarios de uso de “paso de servidumbre”.
Acudieron al RAN, luego de que el representante legal de Bachoco, Raúl Tamayo, se presentó de manera prepotente a dialogar, supuestamente de manera pacífica, con los pobladores, asegurando que la empresa es propietaria del tablaje catastral 1334, denominado San Eduardo, el cual compraron a la anterior titular, Campi.
No obstante, los habitantes señalan que históricamente han trabajado esas tierras para autoabastecerse, y fue hasta ahora que la empresa comenzó a cercar varios accesos con malla ciclónica y metálica, obstaculizando el paso hacia sus parcelas.
El activista Cuauhtémoc Jacobo Femat, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán, denunció que con estas acciones la empresa afecta a familias que dependen del cultivo ancestral de esas parcelas para su subsistencia.
Según el defensor, se estarían vulnerando sus derechos humanos y violentando el libre tránsito que la Constitución garantiza para que puedan acceder a sus propiedades, en un acto que podría tipificarse incluso como despojo.
Explicó que Bachoco viola el derecho de servidumbre de paso que permite a una persona ingresar a su propiedad a través de un camino vecinal. Esta figura jurídica está regulada por el Código Civil Federal, aplicable en materia agraria.
Los afectados advirtieron que permanecerán alertas para impedir que la empresa continúe cerrando calles y accesos en la zona, como ya ocurrió con la calle 27 de la colonia San Eduardo, donde se colocó una cerca metálica.
Ante esta creciente tensión, los pobladores demandan a las autoridades agrarias transparentar la legítima propiedad de los terrenos en disputa, pues consideran injusto que ahora pretendan despojarlos, cuando históricamente han poseído y trabajado esas parcelas.
De no resolverse el diferendo por la vía institucional, no se descarta que los habitantes opten por defender sus derechos a la tierra mediante otras vías, lo que abriría una situación de mayor conflictividad social en la zona.
El activista señaló que lo que sucede en Hunucmá es resultado de la venta masiva de tierras ejidales a empresarios quienes explotan el manto acuífero, como el caso de la empresa cervecera, que utiliza más agua que toda la población junta de ese municipio.
Asimismo, expuso que pone de relieve la necesidad de impulsar la producción y el arraigo en el campo, pues de lo contrario muchas familias se verán orilladas a emigrar ante la falta de oportunidades, perdiéndose valioso conocimiento ancestral en las labores agrícolas.
Las autoridades competentes tienen ahora la palabra para mediar en este conflicto agrario y evitar que escale a mayores, siempre anteponiendo el diálogo, la legalidad y los derechos de las partes. Pero también asumiendo su responsabilidad para transparentar la situación jurídica de los terrenos en disputa.
De lo contrario, este podría ser un primer paso en una cadena de casos similares ante el avance de grandes empresas sobre terrenos que ancestralmente han sido propiedad social. Y ello abriría una nueva veta de conflictividad agraria que nadie desea, pero que debe atenderse con responsabilidad para garantizar la paz social en el campo, dijo.
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NM