Los hermanos Herbé Jesús y Gibrán Herbé Rodríguez Coello, imputados por fraude genérico, tras denuncias de su propio padre, Herbé Jesús Rodríguez Sahuí, y su tía Zara Esther, por presuntamente apropiarse de 58 predios, tejieron una red de influencias dentro de las dependencias, que les permitieron durante más de un año demorar el juicio en su contra.
El tráfico de influencias se evidencia en que sus ahora defensores William Solís Ávila, Miguel Ángel Gurubel Herrer, Delta Zuleima Uc y Jorge Casanova, estaban dentro de la estructura gubernamental o relacionados directamente con la administración pública. Gurubel Herrera fue titular de la Agencia 35, que integró una carpeta de investigación contra los acusados y en la que, misteriosamente, cada trámite que se expedía en el proceso indagatorio se demoraba, porque el hoy exministerio público mantenía a incondicionales dentro de la ofi cina. Durante su gestión en esa agencia, Delta Zuleima Uc fue su “pasante”.
Jorge Casanova era empleado del despacho de Gurubel Herrera, cuando éste era agente del MP y se hizo mala fama por transar a favor de clientes gracias al puesto de su patrón. Como informamos en días pasados, Herbé Jesús y Gibrán Herbé, nietos del exalcalde priista de Mérida Herbé Rodríguez Abraham, fueron imputados, durante una prolongada audiencia ante la juez de control Yazmín Ojeda Alayón; la audiencia de vinculación quedó programada para el martes, 29 de octubre.
El caso gira en torno a la supuesta donación de 58 predios que su abuelo les habría otorgado en vida, aun cuando el exdil fue diagnosticado con Alzheimer y había sufrido múltiples infartos cerebrales, condición de salud que lo imposibilitaba tomar decisiones legales. Los acusados, ayudados por funcionarios y notarios públicos como Carolina Cervantes Torre, titular de la Notaría 126, con sede en Ticul, y Alejandro José Monsreal Rodríguez, de la 65, lograron apropiarse de los predios hoy en disputa.
Trascendió que, incluso, el notario buscó recientemente el “cobijo” del magistrado Mario Castro Alcocer. Así, gracias a sus relaciones personales con servidores públicos de diversas dependencias, evitaron que el Poder Judicial los imputara y lograron que la investigación se atrasara más de un año en llegar a los juzgados penales. Durante la indagatoria se decretaron diversas diligencias como el cierre de folios en el Registro Público y los hermanos, gracias a su amistad y complicidad, bloquearon estos procedimientos, a pesar de que del mandamiento judicial dictado por un juez.
De hecho, ayer sábado se reiteró la solicitud de cierre de folios y se le otorgó al Registro Público un plazo de 24 horas para cumplir con el ordenamiento judicial. La denuncia presentada ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán detalla que, entre febrero de 2015 y diciembre de 2022, los hermanos Rodríguez Coello se hicieron de los inmuebles.
Tras la imputación, la juez de control Yazmín Ojeda Alayón les ordenó a los hermanos Rodríguez Coello depositar una garantía económica de 500 mil pesos cada uno para poder enfrentar su proceso en libertad. Deben firmar cada 15 días, les requirieron sus visas y pasaportes y les decretaron portar brazaletes electrónicos debido al alto riesgo de fuga-
JY