En flagrante violación a las leyes y desafío a las autoridades ambientales, continúa la construcción del proyecto Villas María, en Sisal, a pesar de la clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Activistas revelaron y documentaron que los encargados de la obra pasaron por encima de la restricción federal y continuaron con las obras.
Además de no cumplir con los requisitos para contar con la licencia de construcción, no tener una MIA aprobada, de impactar el 100 por ciento del terreno, de edificar en una zona de proyectos unifamiliares y de invadir zona federal, los desarrolladores de Villas María están construyendo a un ritmo muy veloz, trabajando incluso de noche, denunciaron pobladores e integrantes de la asociación Unidos por Sisal.
Como POR ESTO! publicó, las dependencias federales pusieron sellos correspondientes y acordonaron la zona el pasado 11 de abril tras reiteradas denuncias ciudadanas, motivadas por la falta de los permisos pertinentes. La obra carece de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito fundamental para cualquier construcción. El sello de la Semarnat está fechado del 11 de abril de 2024. El expediente es PFPA/373/2C.27.2/0030-24 con folio PFPA/YUC/IA/2024.
El terreno donde se pretende edificar el complejo aparece a nombre de Sueños de Silvia S de RL de CV, cuyos apoderados legales, María José Cruz del Toro y Gabriel Maquivar Pérez, han contratado los servicios de Eugenia Correa, exdirectora de la Unidad de Desarrollo Sustentable de Mérida y actual propietaria de Ambiente Sustentable Consultoría y Gestión, para la realización de la MIA.
Se pudo averiguar que dicha consultora ha estado involucrada en casos polémicos en el pasado, entre ellos el de Villas 33, ahora llamado Sandré, y que también está en la mira por sus irregularidades, como se informó anteriormente.
El proyecto elaborado por Ambiente Sustentable Consultoría y Gestión establece la construcción de cuatro villas de tres pisos y dos edificios de cinco pisos en un terreno de 2 mil 287.99 metros cuadrados y 915.2 metros cuadrados de construcción.
Esto representa un impacto del 40 por ciento en el área, pero las leyes municipales y costeras prohíben construcciones superiores a tres pisos. Asimismo, la obra en curso abarca mil 890 metros cuadrados, en el 100 por ciento del terreno y la zona federal, lo que también viola la ley y causa un daño irreparable al ecosistema.
Vecinos de la zona y pobladores del Pueblo Mágico hicieron un llamado a las autoridades para que clausuren de forma definitiva la obra, que inhabiliten el terreno por 20 años, y que se reforeste el área dañada. “¿Cómo es posible que el municipio de Hunucmá les haya otorgado licencia de construcción sin contar con una MIA? ¿Hubo acto de corrupción?”, se cuestionó en un comunicado en el que se compartió la noticia.
La gran preocupación de la gente es que las autoridades envían un mensaje de impunidad a favor de los desarrolladores que no respetan las leyes y depredadores de la naturaleza.
“Es la oportunidad de demostrar que entre ciudadanos y autoridades se puede defender a los que no tienen voz. Es la oportunidad de defender a Sisal de estos depredadores y poner un ejemplo en Yucatán”, sostuvo Unidos por Sisal.
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GC
