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Yucatán se convirtió ayer en el primer estado del país donde opera una Contraloría Social Autónoma del Agua, con integrantes de poblaciones afectadas por las megagranjas porcícolas, complejos inmobiliarios, cerveceras y sitios de turismo masivo, con los que se han perdido hasta 20 mil hectáreas por año y que están “absorbiendo” tal cantidad de agua que poblaciones enteras como Umán y Hunucmá ya resienten periodos largos de escasez.
Ayer, se reunieron por primera vez los integrantes de esta Contraloría, en la Casa de la Cultura del Mayab, para enlistar las acciones que llevarán a cabo para frenar el abuso de lo que han denominado “los millonarios del agua”. De entrada, pobladores de comunidades como Santa María Chi y Sitilpech exigieron a las autoridades poner un alto a la autorización indiscriminada de permisos para explotar el manto freático.
Habitantes de la comisaría de Santa María denunciaron que se quedan sin agua para cubrir sus necesidades básicas, y tienen que comprarla purificada porque han localizado cloro en el agua potable.
Wilberth Alfonso Nahuat Puc, comisario de la comisaría, destacó que continúan viendo el consumo desmedido de agua de las granjas porcícolas, lo que ha provocado que en su comisaria haya falta del líquido vital, enfermedades diarreicas e impedimentos para cosechar debido a la contaminación que generan las granjas.
Elena Burns, de la Contraloría Nacional del Agua, remarcó que los megaproyectos de construcción en zonas como Hunucmá y Umán están acabando con el líquido vital del municipio. Ella los consideró como “los millonarios de agua”, esto debido a que cuentan con uso desmedido del líquido para uso comercial y privado.
En dicho evento de presentación además se realizó el llamado a fomentar la participación ciudadana por el derecho humano al agua y la vida, a través de la creación de una Contraloría Social Autónoma del Agua, que pueda ser un frente común hacia la justicia social hídrica de la Península de Yucatán.
“Vemos con preocupación que durante al menos las últimas tres décadas, la rica biodiversidad, clima y ubicación privilegiada de la Península de Yucatán ha sido objeto de explotación y apropiación sin medida, por parte de intereses empresariales insaciables, nacionales e internacionales, bajo la complicidad del Gobierno en turno”, expresó Teresa Vaughn Charruf, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán.
En Yucatán cada año se deforestan 20 mil hectáreas, sin distinción a las áreas con estatus de protección, donde se siguen autorizando la instalación de diferentes tipos de megaproyectos, como las mega fábricas de cerdos y aves, industria inmobiliaria y de turismo masivo, agroindustria de monocultivos, refresqueras y cerveceras.
Sobre las Contralorías, dijo que empezaron su formación en México en 2021. En Yucatán se conformó un grupo promotor, pero en forma oficial no están constituidas. La idea es que esta iniciativa se concrete con grupos promotores para afianzar la contraloría desde lo local.
Indicó que algunos de los problemas que están ocasionando estos proyectos son la entrada de agua salada a las fuentes de agua dulce, y la contaminación del acuífero.
“Ante la nula acción de las autoridades de los tres niveles de Gobierno por escuchar, aceptar y resolver los problemas socio hídricos y ambientales de Yucatán, refrendamos el derecho que tiene la sociedad de participar y autoorganizarse para defender el agua y el territorio. Estamos conformando grupos promotores del agua en comunidades, para participar en una primera contraloría social en Yucatán”, resaltó.
Recordó que Yucatán tiene problemas de contaminación por plaguicidas y aunque haya un programa de recolección de envases de estos químicos, es insuficiente porque el líquido lo utilizan los productores. “La ley no es la solución de las cosas. Qué pasa en muchos casos en Yucatán: que tenemos funcionarios de buena fe, se les pregunta sobre los problemas de contaminación del agua y dicen que no hay una ley en la materia”.
