La granja porcícola de Santa María Chi, operada por una aparcera de Kekén desde 1986, en 72 naves, con más de 45 mil cerdos, ya envenenó toda el agua del manto freático de la zona donde opera, según un estudio del Consejo Ciudadano por el Agua.
El resultado de al menos tres parámetros fundamentales es alarmante: “demanda bioquímica de oxígeno”: 38.9 mgl (contaminada); “demanda química de oxígeno”: 60 mgl (contaminada); “coliformes fecales”: 8 veces más que el mínimo establecido en la NOM-127-SSA1-1994, es decir, la calificación es “altamente contaminado”.
Por esta razón, los habitantes de Santa María Chí poco a poco han dejado de usar el agua de pozo para el aseo de la casa, lavado de ropa trastes, así como para riego de sembradíos.
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Así, aunque los meridanos ven como algo lejano el problema de la contaminación del manto freático, el caso de la granja de Santa María Chi – que se asienta en unidades de gestión ambiental que son incompatibles con la porcicultura, según el Programa de Ordenamiento Territorial de Yucatán es tan sólo un caso sintomático de un problema profundo: opera sin títulos de concesión, permisos de descarga de aguas residuales, Manifestación de Impacto Ambiental, e incumple incluso la propia Norma Técnica Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, como la de estar a una distancia mínima de 1000 m (mil metros) contados a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en el plan de desarrollo urbano, informa el colegiado del Consejo Ciudadano del Agua.
Pero, como ya se ha dicho, no es un caso aislado: de acuerdo con el Dictamen Diagnóstico de Semarnat de marzo de 2023, “se logró identificar que, del universo de 507 coordenadas de posibles granjas, más del 60 por ciento de las granjas no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales.”
De acuerdo con el estudio en manos de la agrupación civil, la granja ha contaminado el agua, suelo y aire de Santa María Chi, provocando un constante e intenso mal olor, plagas de moscos y moscas, incendios, problemas de salud, entre otras afectaciones a la comunidad.
“A pesar de todo esto, la granja Santa María sigue operando con la aprobación y conformidad de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De hecho, se les señala a estas instituciones como los principales responsables del desastre ambiental provocado por la operación de la granja porcícola”, indicaron.
No en vano, recientemente, representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) visitaron la comunidad ante las continuas denuncias de los habitantes -considerados como parte de un pueblo maya originario- de violaciones a sus derechos de autodeterminación como pueblos indígenas.
Los visitadores de Derechos Humanos de la ONU prácticamente abrazaron la lucha de las comunidades y de otras zonas, que están amenazadas por los intereses comerciales de grandes empresas. Incluso, acompañaron al comisario de Santa María Chi, Wilberth Nahuat Puc, a una audiencia por una denuncia de Grupo San Gerardo, socio de Kekén, en su contra para intentar amedrentarlo en su lucha por defender a la comunidad.
