Activistas de Yucatán denunciaron ante la representación de la Oficina del Alta Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) la emergencia socioambiental que se vive en el Estado no sólo por los abusos cometidos por grandes empresas que han invadido territorios indígenas, sino por el aumento de la criminalización de los luchadores sociales, pues las denuncias contra ellos, por defender sus derechos, han aumentado año con año.
En 2015 y 2016 solo se reportó un caso por año. Hubo un aumento de 5 en 2017 y se dispararon los incidentes en 2021 con 10 y en 2023 se tuvieron 25, informó Rodrigo Llanes Salazar, investigador social del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM, en un foro, ante Karen Hudlet Vázquez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Un día después de que los habitantes del pueblo maya de Santa María Chi denunciaran ante visitadores de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU los abusos de Kekén, la Acnur conoció los casos de Kinchil, Ixil, Hunucmá y Ucú, así como de otras comisarías meridanas, como Yaxnic, y las de Sitilpech, Izamal; y San Antonio Chun, Umán, que resisten los embates contra sus territorios.
Con la presencia de Karen Hudlet Vázquez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), se realizó el panel “Nuestros derechos, nuestro futuro ¡Ya!”, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM.
Noticia Destacada
Pobladores de Santa María Chi denuncian persecución política por su lucha contra la granja de cerdos San Gerardo
El encuentro se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que precisamente tiene como premisa respetar y preservar los derechos para las siguientes generaciones, como se difunde en la página web www.ohchr.org, que tiene disponible el idioma español.
Tuvo como punto de partida la situación que viven los pobladores de Santa María Chi, cuya calidad de vida ha sido afectada por una granja de cerdos del Grupo San Gerardo, que es aparcera de Kekén. Por ello, estuvieron presentes el subcomisario Wilberth Nahuat Puc y su padre, Wilberth Nahuat. También participaron con Marilyn Alvarado Leyva, de Artículo 19; Orvelín Montiel Cortés, del Instituto Federal de Defensoría Pública; y Rodrigo Llanes Salazar, del Cephcis.
Su testimonio sirvió de apertura para que los presentes ofrecieran sus experiencias en otros casos graves, en los cuales los derechos humanos de las comunidades mayas han sido pisoteados por grandes empresas.
Entonces, tomaron la voz habitantes de Kinchil, Ixil, Hunucmá y Ucú, así como de la comisaría meridana Yaxnic, y la de Sitilpech, Izamal; y San Antonio Chun, Umán.
Ante este panorama, Llanes Salazar indicó que se vive una emergencia socioambiental en el Estado y lamentó que los activistas y defensores ambientales sean criminalizados.
Al respecto, presentó una alarmante estadística de cómo las personas que han tratado de defender su territorio han sido agredidas, en varias oportunidades por la fuerza policial.
Las experiencias de los representantes de los mencionados municipios y comisarías tuvieron en común violaciones graves de los derechos humanos.
Entre ellas, el uso del sistema penal para apaciguar su protesta social con juicios sin pruebas, basados en declaraciones de funcionarios y personal de las empresas, y denuncias interpuestas a los líderes de los movimientos y aplicación de medidas cautelares.
Noticia Destacada
Pobladores de Santa María Chi denuncian persecución política por su lucha contra la granja de cerdos San Gerardo
Eso lo está sufriendo Wilberth Nahuat Puc, quien está citado a declarar en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado.
En el peor de los casos, han sufrido represiones con uso de la fuerza. Pobladores de Kinchil recordaron cómo 300 elementos policiales arremetieron contra mujeres y ancianos, que se encontraban haciendo guardia en su campamento y que en Ixil fueron hasta 500 uniformados los que acudieron a repeler su manifestación.
Junto con Karen Hudlet, también estuvieron presentes los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que un día antes visitaron Santa María Chi para tomar testimonio de sus pobladores, como informó POR ESTO!
Se pudo constatar que se encuentran en proceso de recabar información tanto del caso de esta comisaría de Mérida, como de otras comunidades cuyos derechos humanos han sido severamente vulnerados.
