El Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, licenciado Antonio Bonilla Castañeda, concedió a la Fiscalía adscrita una prórroga de seis meses más en las medidas cautelares impuestas al licenciado Esteban de Jesús Castellanos Cámara, acusado de millonario fraude.
En audiencia pública celebrada en el Juzgado Primero, Bonilla Castañeda, a petición de los fiscales, concedió un plazo de medio año más en la imposición de las medidas cautelares impuestas al acusado, a pesar de los intentos de su defensor y del propio imputado, que argumentaron que ya ha tenido mucho tiempo en el tobillo un brazalete electrónico y que no trataría de evadirse de la acción de la justicia.
En su momento, el Juez dictó auto de apertura a juicio oral; sin embargo, el proceso fue suspendido, en virtud de que está pendiente por resolverse el amparo que promovió el imputado con su defensor Gabriel Abdala Berzunza, contra el nuevo auto de vinculación a proceso dictado en su contra.
No obstante todo es cuestión de tiempo para que se resuelva sobre dicho recurso o juicio de amparo y no se vislumbra que le sea nada favorable al acusado, por lo que se espera que en breve se celebre el juicio oral en su contra y reciba la sanción de prisión, por haberse aprovechado de la víctima, el Señor Nicolás Cámara Peón, ( +) y haber vendido 3 predios sin su autorización, aprovechándose de un poder que le hizo firmar cuando no estaba en condiciones de salud por contar con más de 100 años de edad.
La denuncia en su contra la presentó el apoderado legal de las víctimas, que reclaman su herencia, licenciado Armando Peón Mier y Terán.
Todo hace indicar que lo único que buscaba la defensa del acusado de millonario fraude, era tiempo, ya que pidió una y otra prórroga para llegar a un acuerdo con la parte denunciante.
Las pláticas se rompieron y luego de la audiencia intermedia se declaró la apertura a juicio, al no llegarse a acuerdo alguno los fiscales encabezados por el licenciado Ediel Zapata Solís, reafirmaron la acusación formal que en su momento presentaron por escrito en contra del imputado, quien entre las medidas cautelares que se le tienen impuesto, está el brazalete localizador.
Se aceptaron prácticamente todas las pruebas ofertadas por las partes y que serán desahogadas en el juicio de abuso de confianza y fraude en agravio del enfermero Pedro Canché Sulub y la sobrina del occiso, Isabella Cámara, a quienes les dejó predios en la colonia Itzimná y Santa Gertrudis Copó y que Esteban Castellanos, vendió con un poder que le hizo firmar a su tío y bisabuelo Nicolás Cámara Peón, a los 102 años de edad, pero el dinero obtenido, cerca de 4 millones de pesos, no lo ingresó al patrimonio de los abogados, tal y como se ha confirmado a lo largo del proceso judicial que se le instruye al imputado, quien pedía ayer que se le quitara el dispositivo electrónico y que no pretendería evadirse de la acción de la justicia.
Sus argumentos no hicieron mella en el ánimo del juzgador, quien le mantuvo las medidas cautelares por seis meses, en tanto se resuelve el recurso de revisión que el acusado y su defensa interpusieron en contra de la resolución federal que le negó el amparo contra el auto de vinculación a proceso que lo tiene en la antesala del juicio oral.
(Armando Gamboa Romero)