Con motivo de las fiestas dedicadas al dios Momo, la gran mayoría de los funcionarios del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado tuvieron ayer día de asueto y al parecer también los delincuentes descansaron o se fueron al Carnaval, ya que prácticamente no se consignó asuntos al Centro de Justicia Oral de Mérida.
Sin embargo, en dicho Centro de Justicia se programaron guardias entre los Jueces de los Juzgados Primero y Segundo de Control, para atender los casos que pudiera consignar la Fiscalía con personas detenidas en flagrante delito, o bien, para demandar alguna orden de aprehensión por un caso de urgencia.
Según se dijo, prácticamente no se tuvo movimiento ni el lunes ni martes del Carnaval, fueron mínimos los casos en los que intervinieron los juzgadores, que en la mayoría de los casos “batean” los asuntos por ilegal detención, ordenando la inmediata libertad de los presuntos responsables, sobre todo en los casos de narcomenudeo y robo.
Lo anterior, de acuerdo con los litigantes, es por falta de capacitación del personal policiaco, que es el primer contacto con los probables delincuentes.
En promedio se declara ilegal la detención en estos asuntos en un 50 por ciento; sin embargo, se vuelve a imputar y se les sigue procedimiento al pedir los fiscales fecha y hora para volver a presentar la teoría del caso en los asuntos de narcomenudeo, principalmente, y robos.
En casos de mayor impacto se les pone más atención y los trabajan bien, de allí que en la gran totalidad de los asuntos se declara legal la detención.
No obstante que recientemente en un caso de homicidio registrado en Caucel, un Juez de Control declaró ilegal la detención del presunto responsable identificado como Juan Diego de Jesús, por duda razonable, inconsistencias en los datos de investigación y otros factores detectados en la carpeta de investigación.
Sin embargo, el presunto responsable no abandonó la reclusión, ya que para “engancharlo” se le acusó en otro Juzgado de los delitos de portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques peligrosos y daño en propiedad ajena cometidos contra un servidor público, por lo que se le dejó preso como medida cautelar por el tiempo que dure el procedimiento.
(Armando Gamboa Romero)