De la Redacción
Pese a que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, vinculó a proceso a dos agentes ministeriales y a un coordinador que realizaron el cateo y aseguramiento de más de mil 500 cajas de seguridad de la empresa First National Security (FNR) en 2017, los locales de la compañía ubicada dentro de Plaza Américas en la Supermanzana 4 de Cancún, sobre la avenida Cobá, continúan asegurados e incluso, se pudo conocer que las autoridades federales contemplan la posibilidad de que el dinero y todo lo de valor de por lo menos 350 cajas que no han sido reclamadas, posiblemente por estar vinculadas con el crimen organizado, puedan pasar a disposición del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).
Ayer, se pudo notar que una patrulla de la Policía Federal con dos elementos en transición a la Guardia Nacional, mantenían custodiada las instalaciones de la empresa, en una situación que desde un principio ha estada plagada de irregularidades de las autoridades e incluso, abusó de algunos usuarios de esa cajas de seguridad que en su momento, llegaron a bloquear durante una semana la avenida Cobá, afectando al comercio y al tránsito vehicular de la entrada a la Zona Hotelera de Cancún.
Desde el momento del aseguramiento, las autoridades federales determinaron que el proceso que se había iniciado, era producto de una indagación relacionada con la delincuencia organizada, de acuerdo a la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-PUE/0000740/2017 originada en Puebla.
Este expediente fue atribuido a la detención de Leticia Rodríguez Lara (a) Doña Lety y/o “La 40”, encarcelada por el delito de narcotráfico, pues en sus declaraciones explicó que a nombre de ella estaban algunas cajas de seguridad de dicha empresa en la ciudad de Cancún.
Cabe recordar que a ella se le atribuyó parte del incremento delictivo en el Caribe mexicano y que en todo momento, tuvo protección del entonces gobernador Roberto Borge Angulo, quien por medio de prestanombres también tenía cajas arrendadas en esa empresa donde había de muchas otras personas, empresarios, políticos, colombianos, argentinos y hasta de líderes religiosos de Cancún.
Pero ahora con la determinación de que el coordinador del Ministerio Público federal y dos agentes que encabezaron dicho cateo fueron vinculados a procesos por un juez de control debido a que se determinó que dicha operación se hizo de manera ilegal, no cumplió con la ley y hasta violaron un amparo vigente y por lo que se les fincó su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia, el caso genera aún más incertidumbre porque no se ha informado cuántas cajas ya fueron entregadas realmente a sus verdaderos propietarios y en qué condiciones se hizo ese procedimiento.
Lo único que se ha dado a conocer de manera extraoficial, es que no han sido reclamadas alrededor de 350 cajas, por lo que ya se analiza la posibilidad de que el contenido que podría ser dinero en efectivo, alhajas, entre otras cosas de valor que no ha podido ser justificado legalmente por sus propietarios, podrían pasar a disposición del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), antes llamado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), pero para eso, se tienen que cumplir otros requisitos como es la extinción de dominio que es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos.
En ese sentido, dichos bienes pasan al poder del Estado, luego de la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación. Es decir, el gobierno no tiene que pagar ni dar nada a cambio, pues el objetivo es combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen.
Posteriormente, que lo ahí asegurado, en caso de que sea algún bien material, se pone a remate y lo recaudado junto con el dinero asegurado, sea empleado para programas sociales del gobierno de la República.