Por Ramiro Can
CHETUMAL, 19 de marzo.- Este día fueron colocados brazaletes electrónicos a Jorge Eugenio A. M. y Gerardo Antonio V. H., exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, respectivamente, quienes el día de ayer fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Por su parte, Leopoldo Herrera Manzanilla, abogado de los dos exservidores públicos, dijo que después de que dichas personas fueron vinculadas a proceso, la carpeta administrativa pasó a la etapa de investigación complementaria, lapso en el que ofrecerá datos de prueba para demostrar la inocencia de sus clientes
Alrededor de las 10:20 horas, los dos exfuncionarios Jorge Eugenio A. M. y Gerardo Antonio V. H., exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, respectivamente, arribaron a las instalaciones de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas a un costado del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, acompañados por su abogado Leopoldo Herrera Manzanilla.
Ahí a los inculpados se les colocó en el pie el brazalete electrónico, con el fin de ser ubicados. Más tarde los dos exfuncionarios vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública salieron de ese lugar, siempre acompañados por su defensa.
Este medio informativo trató de entrevistarlos sobre el proceso que enfrentan; sin embargo, los dos exfuncionarios se negaron a dar información al respecto.
Por su parte, Leopoldo Herrera Manzanilla al ser cuestionado sobre la determinacion del juez de control dijo: “Tenemos los recursos correspondientes que promover, en su caso, para tratar de botar la vinculación a proceso, ya veremos qué vamos a hacer, ya que la ley prevé apelar o irnos al amparo”.
“Ya fueron vinculados, ya nos dieron las medidas cautelares, ahorita lo que sigue es la investigación complementaria, en la cual el Ministerio Público pidió cuatro meses, pero considero que van a tratar de alargar dos meses más”, adelantó el abogado.
“Pero nosotros en ese lapso vamos a ofrecer datos de pruebas para demostrar la inocenocencia de mis clientes, sobre todo yo expuse que esto no es delito del fuero común, en un dado caso es la famosa estafa maestra y es conocido por todos que está siendo ventilado a nivel federal y el delito se llama uso indebido de las atribuciones.
Si bien es cierto que hubo amparo de revisión en el Primer Colegiado del Segundo Circuito, en donde el juez resolvió que el delito es competencia del fuero común; sin embargo, esto no quiere decir que los demás colegiados están de acuerdo”, aseguró Herrera Manzanilla.
“Por ello voy a agotar todos los recursos para demostrar la inocencia de mis clientes”, concluyó la defensa.
Como se recordará, ayer Jorge Eugenio A. M. y Gerardo Antonio V. H., exdirector general y exdirector administrativo del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, respectivamente, fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irrregular de la función pública, por un daño al patrimonio de 743 millones 804 mil 052 pesos y 68 centavos.
Dicho recurso proviene de la federación, siendo una parte considerable de lo que se ha conocido como un gran fraude millonario a las arcas de la Hacienda Pública.
Como medidas cautelares les dictaron presentarse cada mes ante la autoridad correspondiente, aplicación de localizador electrónico y prohibición de salir del país.
Además, le embargaron a Jorge Eugenio A. M. cuatro predios situados en el municipio de Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta. En tanto que a Gerardo Antonio V. H. se le decretó el embargo de siete predios situados en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno en la ciudad de Mérida, Yucatán. También le fueron embargados tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo, con placas del estado de Yucatán.
El proceso que enfrentan los dos exfuncionarios es derivado de la carpeta administrativa 413/2018, por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Dichos exfuncionarios fueron señalados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), en calidad de coautores, en específico por la celebración de 84 contratos de prestación de servicios con 37 proveedores en Quintana Roo, de los cuales sólo cuatro estaban registrados en el Padrón de Proveedores.
Dicho esquema fue utilizado para el posible desvío de recursos públicos de forma directa, es decir, sin emitir algún tipo de licitación, por lo que dichas órdenes de pago se realizaron de forma discrecional, sin tomar en cuenta la Ley Estatal de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo.
A Jorge Eugenio A. M. se le acusa de celebrar los 84 contratos, tras desempeñarse como director general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS); mientras que su cómplice fue quien le dio el visto bueno y autorizó 104 órdenes de pago a dichos proveedores, debido a que fungió como director de Administración de dicha institución.
Se trata de un posible daño patrimonial que asciende a un monto económico por 743 millones 804 mil 052.68 pesos, recurso que fue obtenido a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de acuerdo con las denuncias que emitió la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) y la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).
El órgano jurisdiccional determinó que todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía Anticorrupción fueron idóneos y suficientes para poder emitir dicho fallo en esta etapa procesal, por lo que existe acreditación para poder continuar con el proceso.
Como se recordará, el 9 de agosto del 2019 se dio a conocer que luego de que a nivel federal se citara a comparecer a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria federal del gobierno de Peña Nieto, por su participación en lo que se ha llamado la “Estafa Maestra” en Quintana Roo, la investigación a la que se hace referencia corresponde a los 906 millones de pesos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), que entonces era dirigido por Jorge A. M., que facturó entre noviembre del 2015 y agosto del 2016 a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), que dirigía Robles Berlanga. Dichos recursos eran por el pago de servicios que nunca realizó la dependencia ni su personal. Todo esto durante la administración estatal del expriista y hoy preso Roberto B. A.
A nivel estatal y debido a estás irregularidades detectadas, se presentaron cargos contra Jorge A. M., extitular del SQCS, así como Gerardo Antonio V. H., exdirector general en Administración.
Según algunas estimaciónes, Quintana Roo sería el estado al que se destinó la mayor parte de los recursos de lo que se conoce como la “Estafa Maestra”, casi la cuarta parte, es decir, un 23 por ciento.