Luego de ser declarados culpables de los delitos de robo calificado y robo, se impuso la pena de 11 años 7 meses y 14 días de prisión al ex funcionario, Licenciado Miguel Gutberto Dzul Flores, y 9 años 11 meses y 7 días de sanción privativa a sus cómplices en el millonario desfalco a las arcas del Fondo Auxiliar de Administración de la Justicia del Poder Judicial y al pago de más de 2 millones de pesos en forma mancomunada.
Después de llevarse al cabo la audiencia de individualización de penas y sanciones, los Jueces Integrantes del Tribunal Primero de Enjuiciamiento del Poder Judicial, Licenciados Fabiola Rodríguez Zurita, Níger Desiderio Pool Cab y Nidia Guadalupe Celis Fuentes, en forma unánime, llegaron a la conclusión de imponer al ex Secretario de Acuerdos de los Juzgados Primero y Tercero de lo Penal en el sistema tradicional, esa sanción penal por su responsabilidad en los hechos imputados.
Después del desahogo de los medios de prueba ofrecidos a lo largo del juicio, se declaró culpables a Dzul Flores y sus coimputados, Licenciados Mario Alejandro Cetina Burgos, Noé Manzano Villajuana y Ana Gabriela Ramos Chablé.
En la carpeta de investigación hay otros implicados que durante el proceso penal llegaron a un acuerdo con la parte acusadora que reclama un desvío de recursos por más de 2 millones y medio de pesos.
Con motivo de la contingencia sanitaria por el coronavirus, la sentencia se le notificó a las partes por escrito; al ex funcionario, además de la sanción privativa de libertad, se le aplicó una multa de 300 días de salario vigente en la fecha de la comisión de los delitos equivalente a los 19 mil 131 pesos.
La misma multa fue aplicada a los otros acusados, lo cual comenzará a correr a partir de que se presenten a cumplirla o sea lograda su aprehensión.
Se condena a Miguel Gutberto y a Ana Gabriela al pago mancomunado de 737 mil 11 pesos con 11 centavos en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, a través de los apoderados legales del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
De la misma forma, se condena a pagar mancomunadamente a Miguel Gutberto y Noé Manzano, la cantidad de 958 mil 697 pesos con 46 centavos. Así también se le condena a Miguel Gutberto y Mario Alejandro a pagar la cantidad de 535 mil 743 pesos con 97 centavos.
En cuanto al daño causado por los otros implicados: Alejandro Gabriel R. G., Hugo Antonio Z. A. y Carlos Mario R. C., quienes tuvieron el criterio de oportunidad y fueron testigos en el juicio, no se ejerció acción penal contra ellos, al devolver a su vez las cantidades reclamadas por la parte agraviada.
Durante el proceso, la mayoría de los imputados rindió declaración ante el Juez de Control, Licenciado Luis Mugarte Guerrero, y manifestaron que, efectivamente, cobraban los billetes que le endosaba el ex funcionario, pero sólo como un favor.
La sentencia dictada puede ser apelada, a fin de que se analice en segunda instancia y se resuelva al respecto en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.
El millonario desfalco en las arcas del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado fue denunciado por su apoderado legal, Licenciado Miguel Bargas Díaz, y el asesor Pablo Enrique Hernández Herrera, quienes coadyuvaron en el juicio con la Fiscalía adscrita para el esclarecimiento de los hechos.
En la carpeta de investigación consta que del mes de diciembre del 2012 al mes de septiembre del 2014, presuntamente el ahora imputado, quien laboraba como Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, firmó y liberó 817 billetes de depósito que estaban a su guarda y bajo su estricta responsabilidad, relativos a 628 causas penales de entre los años 1990 al 2012 de diversos Juzgados Penales.
Estos mismos amparaban diversas cantidades por conceptos de cauciones o multas, lo cual según la denuncia lo realizó sin dar cuenta al Juez, sin existir resolución fundada y motivada que lo autorice y actuando en funciones accidentales del titular, no obstante que en la mayoría de los casos el titular se encontraba en funciones.
El daño patrimonial al Fondo asciende a la cantidad de 2 millones 528 mil 492 pesos con cinco centavos y ahora sólo falta que los jueces se reúnan para la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, para que los ahora sentenciados y sus abogados determinen la estrategia a seguir, tomando en cuenta que la sanción impuesta a todos y cada uno de ellos no les permite beneficios sustitutivos.
Por lo pronto, continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme, ya que pueden interponer el recurso de Casación dentro del plazo judicial dispuesto por el artículo 427 del Código Procesal Penal vigente.
(Armando Gamboa Romero)