Una denuncia realizada en pasado domingo, 25 de julio, relata que una mujer de origen chileno, residente en Mérida, fue víctima de violencia intrafamiliar, por lo que levantó órdenes legales de protección para ella y sus hijos en contra de su esposo.
Posterior a su denuncia, la mujer fue víctima de allanamiento de morada por su esposo, lo que legalmente rompe la orden de protección. Sin embargo, los policías asignados, lejos de arrestar al esposo, lo ayudaron y permitieron su partida con las posesiones de su víctima.
La mujer identificada como María José Ávila Reyes señala que su esposo, Fernando Jorge esparza Jiménez debe ser encarcelado por los delitos violación de una ley judicial, allanamiento de morada y violencia intrafamiliar, pero aun así permanece en libertad.
En un llamado por la justicia, la chilena pide a autoridades como el gobernador Mauricio Vila, al alcalde Renán Barrera, y al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General del Estado (FGE) entre otras dependencias, que atiendan su caso, ya que hasta elementos de la Policía Estatal están involucrados y permanecen impunes.
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“El día veintidós de julio de este año, mi esposo llegó al domicilio en compañía de un cerrajero y otras personas e ingresó y logró llevarse objetos personales, al ver lo que sucedía llamé por teléfono al 911 y llegaron las unidades 6632, 6628, 6226, mi primer pensamiento fue, vienen a detenerlo porque tiene una restricción y se metió a la fuerza, les dije a los policías de las órdenes de protección que tenía y les pedí actuaran conforme a la ley. Pero me llevé la mayor sorpresa, ellos ayudaron a que ingresara y se llevara cosas mías (...) Sin embargo, no lo detuvieron y permitieron que se llevara lo que quiso del domicilio tal y como se ve en el video, en el que incluso voltea a verme con todo el descaro y las personas que estaban con mi esposo le agradecen a los policías por su ayuda”; continuó relatando la agraviada.
La mujer teme por su seguridad y la de sus hijos de 6 y 4 años, ya que ha recibido múltiples amenazas de su “aún esposo” que, a pesar de la denuncia y las órdenes de protección, la ley se niega a actuar a su favor.
RC