Urgente, aprobación de Ley de Amnistía en Campeche

Aunque las cárceles de Campeche no están consideradas con sobrepoblación, sí se encuentran muy cerca de su capacidad máxima, particularmente en Ciudad del Carmen, lo que ya ha ocasionado en el pasado abusos y violaciones de los Derechos Humanos, y donde actualmente está latente el riesgo de contagio de COVID-19 por la cercanía y hacinamiento de los reos.

Frente a este panorama, desde el nivel federal se impulsa la Ley de Amnistía como una de las medidas que el Estado adopta para hacer frente a la pandemia de coronavirus pues determina la liberación de personas privadas de la libertad de sectores vulnerables que cometieron delitos de bajo impacto y sin uso de violencia.

El estado de Campeche cuenta con dos Centros de Reinserción Social (CRS) con una población total de 1 mil 281 personas privadas de su libertad, 1 mil 208 son del fuero común de los cuales sólo 785 cuentan con sentencia firme, mientras que 423 son personas presas pero procesadas; así mismo, hay 73 por el fuero federal, de los que 26 son personas procesadas y 47 con sentencia.

Los dos centros penitenciarios del Estado, en San Francisco Kobén y Ciudad del Carmen, cuentan con una capacidad total de 1 mil 782 espacios, por lo que al ser su población de 1 mil 281 se considera que aún tiene libres 501 espacios y su ocupación es del 71.89 por ciento (sobrepoblación -28.11 por ciento).

Sin embargo, es el Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen el que cuenta con mayor presión sobre sus espacios, con una ocupación del 86.13 por ciento de su capacidad, apenas cuenta con 382 espacios disponibles y su población es de 329 personas privadas de su libertad, según lo reportado al sistema de Prevención y Readaptación Social, sólo tiene libres 53 espacios y su sobrepoblación ronda el -13.87 por ciento.

Por su parte, Kobén cuenta con 1 mil 400 espacios, su población es de 952 personas, por lo que no está tan saturado como el penal carmelita, se considera que su sobrepoblación también es negativa con -32 por ciento, una ocupación del 68 por ciento de su capacidad.

Además de ello, dentro de los grupos de riesgo en todo el estado se cuenta con 91 personas de población indígena privadas de su libertad en las cárceles campechanas, según el último Censo de Población Indígena Privada de la Libertad que data del 2017.

Pero es preciso resaltar que esta nueva ley es exclusivamente a personas que hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal, por lo que es necesario que las Entidades Federativas también aprueben leyes similares que faciliten la liberación humanitaria de reos como prevención ante lo que pueden llegar a ser fuertes brotes de la nueva epidemia en los centros penitenciarios.

La Ley de Amnistía abre una segunda oportunidad a personas que han cometido delitos menores y se encuentran en grupos vulnerables ante la pandemia de COVID-19; prevé la liberación anticipada de la población de reos con alguna enfermedad así como adultos mayores, mujeres embarazadas o presas por practicar un aborto.

Por Carlos Valdemar