Campeche, catalogada como la entidad de baja corrupción por pocas denuncias: Fiscalía

En Campeche aún no registran casos de gran corrupción o de impacto como una Estafa Maestra o los Pandora Papers, ya que las denuncias preponderantes son baja corrupción, sobre todo en las ventanillas de las dependencias públicas, de acuerdo con el reporte que hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) argumentó la fiscal anticorrupción, Silvia del Carmen Moguel Ortiz.

La situación de considerar a la entidad en casos de corrupción baja es porque la ciudadanía no denuncia hechos presumibles de gran corrupción como los expuestos públicamente por la entrante administración estatal que todavía no judicializa o las versiones periodísticas que señalan hechos escandalosos de adquisiciones de inmuebles que contrastan con los ingresos de los funcionarios públicos.

En los medios impresos y audiovisuales fue notorio la difusión de la mansión del ex gobernador Alejandro Moreno Cárdenas que adquirió con el argumento de un préstamo bancario que hizo pese a no tener los ingresos que sustentaran un financiamiento de tal magnitud.

O las propiedades que adquirió en los meses previos y posteriores al asumir la gubernatura por debajo de su costo. Sin que se investigue de donde procedieron tales recursos.

Tras asumir Layda Sansores San Román, la gubernatura, ya denunció el manejo irregular de las camionetas en la Secretaría de Seguridad Pública así como la manipulación del odómetro para justificar el gasto de gasolina.

Los presuntos actos irregulares en la construcción de la Ciudad Administrativa y el beneficio a dos familias, aunque el representante de la familia Castilla (Rafael Castilla) deslindó de toda relación económica, ya que dijo que nunca recibieron el dinero que argumento el subsecretario, Álvaro Buenfil les dieron por los terrenos en donde se edifica la obra.

Aunque en estos como muchos otros, como los contratos millonarios en Campeche para hacer banquetas que le proporcionaron a la Constructora Gordillo, no hay denuncias ni de los ciudadanos ni de las mismas autoridades estatales o municipales.

Qué considera la Fiscalía

En entrevista explica que de acuerdo con la clasificación de la corrupción se titula como gran, media o baja corrupción y hasta el momento en la entidad la mayoría de los casos registrados y con base en la percepción que levantó el Inegi sobre corrupción, la baja es la que prevalece en la entidad.

Ejemplificó que la baja corrupción es el dinero que se pide en las ventanillas de las instituciones públicas para realizar un trámite y es lo que existe de acuerdo con el estudio del Inegi.

A la fecha, se tienen algunos casos de media corrupción y ninguno es comparable con gran corrupción y en este rubro puso como ejemplo la Estafa Maestra (en donde triangularon recursos del Gobierno Federal, supuestamente para ejercer acciones gubernamentales sin embargo fueron desviados para otros fines) y lo que se acaba de publicar en el  caso de los Papeles de Pandora (donde políticos, empresarios y artistitas canalizaron recursos a paraísos fiscales presuntamente para no pagar impuestos).

Cabe señalar que el caso de la Estafa Maestra se involucra a la ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga.

Moguel Ortíz también reconoció que la percepción ciudadana puede considerar que no hay combate a la corrupción sin embargo pidió presentar las denuncias para proceder contra quienes hacen mal uso del erario público.

Dijo que en el caso de las extorsiones policiales, que son faltas administrativas, ya el juez de Control fijo plazos para que devuelvan el dinero que van de los cinco mil a los 10 mil pesos e incluso por el costo de un celular, que es el artículo que despojan al ciudadano.

Agregó que la nueva legislación permite llegar a estos acuerdos reparatorios, debido a que el sistema acusatorio actual establece estos mecanismos antes de que el Juez emita una sentencia, motivo por el cual, Campeche la igual que otras 17 entidades del país, aparecen sin cero sentencias de acuerdo con el estudio del Tecnológico de Monterrey sobre el desempeño de las fiscalías anticorrupción en el país.

“No sólo Campeche, somos 17 estados que no tenemos ninguna sentencia. ¿Por qué? Porque salen así, concluyen no solamente en sentencia, eso es lo que tiene el sistema acusatorio no todos los asuntos que llegan al juez pueden salir en una sentencia, sino pueden salir a través de estos medios alternos de solución de controversias”, argumentó.

Significó que lo que no llega “a un juez son aquellos asuntos que no caben un acuerdo reparatorio, una suspensión provisional o un procedimiento abreviado”.

Insistió en que “son muy pocos los asuntos, por eso es que ninguna fiscalía tiene muchas, el que tiene más tiene nueve, otros tienen seis o tres”, en el caso de Campeche aceptó que “tenemos ninguno porque son asuntos en los que cabe esta posibilidad del código de terminar antes de que lleguen a una sentencia”.

Señaló que también el proceso para la recuperación de los recursos que mal utiliza un funcionario público lleva su procedimiento, y ejemplificó que actualmente tienen 12 carpetas judicializadas en donde los montos más altos que buscan recuperar son por 580 mil pesos y por dos millones 100 mil pesos.

Sostuvo que también por el principio de presunción de inocencia no dan a conocer los nombres de las personas involucradas en los casos por lo que mientras no exista una sentencia de culpabilidad se reserva la identidad de quienes se le imputa el delito.

Manifestó que mediante la relación que tienen con la Auditoría Superior de Campeche y  la Contraloría permite detectar los casos de corrupción que presentan, ya que las pruebas que aportó la Auditoría fue lo que permitió vincular a proceso al funcionario del Instituto de la Juventud de Campeche (Injucam).

Argumentó que a veces la ciudadanía tiene la percepción de que existen hechos de corrupción cuando exponen los casos de presuntos desvíos de recursos en el Congreso del Estado al emitirse las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) aunque en el proceso de desahogo al solventar las irregularidades ya no concluye con una denuncia penal.

Este proceso de solventación, es la causa de que la ciudadanía considere que no hay combate en la corrupción, aseveró.

Detalló que de 2018 a 2021 se presentaron 596 quejas, de estas concluyeron 203 y en trámite están 393.

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CG