En el informe de labores 2020-2021 y al concluir su periodo como presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Marlín Karina Garrido Balam, advirtió que el reto pendiente es que “aún falta un mayor interés y voluntad para empezar a trabajar como un sistema en la prevención y combate a la corrupción” y señaló que los entes que no participan son el Consejo de la Judicatura y la Auditoría Superior del Estado.
Planteó que es necesaria una coordinación con los integrantes del Comité Coordinador, que son los cinco entes públicos que conforman el Sistema, para un trabajo entre pares, debido a que sólo en los foros regionales para la política estatal anticorrupción se realizaron trabajos conjuntos, “pero sin el involucramiento total” porque se nombraron enlaces.
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Advirtió que lo anterior puede evitar “no duplicar o cuadruplicar esfuerzos al momento de este informe”, ya que sólo se trabaja entre dos instancias y puntualizó que quienes no colaboran son el Consejo de la Judicatura y la Auditoría Superior del Estado.
“Con el Consejo de la Judicatura y la Auditoría Superior son con quienes menos hemos coordinado acciones por el bajo interés”, afirmó.
Enumeró que otro reto es que “no se cuenta con una política estatal anticorrupción, que es el documento que guiará las acciones de prevención y combate a la corrupción, y ello implica que hemos tenido que trabajar basándonos en las acciones de la política nacional”.
En cuanto a las actividades que realizó durante este año de gestión, destacó la iniciativa 3 de 3 en el proceso electoral para que los candidatos presentarán su declaración patrimonial, fiscal y de interés.
Aunque hubo escasa participación, ya que de 57 candidaturas entre las que se encuentran para la gubernatura, 13 alcaldías, 21 diputaciones locales de mayoría relativa y 22 juntas municipales sólo nueve aspirantes se registraron.
Entre estos sobresalieron los tres principales contendientes al Gobierno del Estado como fueron Layda Sansores San Román, Eliseo Fernández Montúfar y Christian Castro Bello, así como los aspirantes al municipio de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, Renato Sales Heredia y José Inurreta Borges.
Beatriz Ojeda Sandoval asumió como la nueva presidenta del CPC Campeche durante el periodo 2021-2022.
Toma de decisiones
De las acciones coordinadas entre pares detalló que estuvo la planeación de las conferencias a los ciudadanos entre la Auditoría Superior del Estado de Campeche y la Fiscalía Especializada de Combate a la corrupción.
Así como pláticas para que se conozca lo que hacen los integrantes del Sistema Anticorrupción de Campeche, en este caso con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche y Secretaría de la Contraloría para exponer las atribuciones y facultades.
En cuanto a las actividades en la prevención y combate a la corrupción, la relación se dio con el Consejo de la Judicatura del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Contraloría.
Sostuvo que la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción es una apuesta por ciudadanizar la toma de decisiones en un marco de gobernanza anticorrupción.
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Subrayó que “su fuerza radica en lo anterior, pero también su principal vulnerabilidad, y si no se atiende corre el riesgo de que se desnaturalice su función al interior del sistema, y se convierta en algo distinto a un órgano ciudadano con responsabilidades públicas de tipo institucional y social”.
GH