De las 190 quejas o denuncias que el Poder Judicial en Campeche recibió durante los últimos seis años, del 2014 al 2019, ninguna ha sido resuelta en su totalidad, y si acaso, solamente una en el año 2017, se le dio seguimiento; sin embargo, quedó en “pendientes que fueron concluidos sin una resolución definitiva”, para convertirse en el poder peor evaluado de las 31 entidades, la Ciudad de México y la Federación analizadas por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción Impunidad Cero, además de que de las 72 preguntas que les pidieron responder para este estudio a un total de 132 instituciones, el 88.89 por ciento de las respuestas fueron inservibles y apenas 11.11 por ciento fueron respuesta completa.
Impunidad Cero señala en su estudio que al solicitar la información basado en las 72 preguntas que se formularon sobre las denuncias a los servidores públicos, se esperaba conocer cómo se clasifica la información por parte de las autoridades, desde la recepción de la noticia de una posible falta administrativa, hasta el momento de la sanción, incluyendo las posibles “salidas” del procedimiento. Sin embargo, la información recabada muestra que las autoridades estatales no cuentan con información sistematizada que permita realizar análisis detallados para el combate a la impunidad.
Uno de los argumentos que más utilizaron las autoridades en los casos donde negaron el acceso a la información, se basó en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), según los cuales las autoridades no están obligadas a generar información ad hoc para las solicitudes de información, es decir, que las autoridades no están obligadas a generar información a la medida de la solicitud.
Dentro del análisis al Poder Judicial en cuanto a las entidades federativas, salvo Coahuila, que presenta una impunidad global en 53.01 por ciento, y en el resto de los estados, los niveles de impunidad administrativa varían considerablemente, mientras que en Campeche en el Poder Judicial se encontró una impunidad de 99.47 por ciento, es decir, que de 190 casos de denuncia o queja presentada contra servidores públicos de las dependencias relacionadas con este poder, solamente a uno se le dio seguimiento, pero sin resolución definitiva.
En este caso, Impunidad Cero menciona que la impunidad por la falta de sanciones administrativas es aquella que se presenta cuando el estado es omiso en sancionar las faltas en que incurren las y los servidores públicos derivados del desempeño de su cargo, que indica que a nivel federal es mayor al 90 por ciento.
En este caso, en Campeche, de acuerdo a la información proporcionada por los órganos encargados de la justicia, gozan de impunidad en perjuicio de la comunidad, ya que de acuerdo a las 72 preguntas se mandaron a estas a través del uso de la transparencia a la información pública, señala que en el estado en 18 preguntas no hubo respuesta, en 34 la información fue completa, cuatro en respuesta incompleta, y 16 en respuesta inservible, estas fueron en el Poder Judicial que representa el 88.89 por ciento, y apenas dos la respuesta fue completa.
En cuanto a las denuncias presentadas, en el año 2014, se presentaron 45 quejas, en el 2015 fueron 37, en el 2016 se tuvieron 63, en el 2017 se recibieron 35, de las cuales solamente una tuvo seguimiento la cual fue puesta en “Pendientes que fueron Concluidos Sin una Resolución Definitiva”; en 2018 fueron cuatro y en 2019 seis.
De igual forma, en cada solicitud de información también se integró por 21 preguntas, las primeras tres indagaron respecto a la existencia de manuales para gestionar la información relacionada con sanciones a servidores públicos, así como sobre los informes anuales rendidos en la materia; las restantes 18 preguntas versaron sobre información estadística relacionada con sanciones administrativas.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
En respuesta, la heterogeneidad de la información obtenida, incluso por parte de las mismas dependencias, muestra la inexistencia de manuales de procedimientos al interior de los órganos, tanto para la aplicación del procedimiento correspondiente como para la gestión de la información que se genera, y por lo que esta ausencia de sanciones afecta la calidad de los servicios que presta el estado, por lo que contar con un sistema de sanciones eficaz es un componente clave para que la función pública se desenvuelva correctamente.
GH