El Gobierno del Estado de Campeche mensualmente destina más de 33 millones de pesos para el pago de renta de los edificios en donde están instaladas sus oficinas administrativas, más de la mitad de estas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, esto de acuerdo con información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que reveló la existencia de 59 contratos de arrendamientos vigentes en lo que va del 2022.
El monto total de los 59 contratos dados de alta ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de 33 millones 411 mil 422 pesos con 40 centavos erogados cada mes, por lo que al fin del ejercicio fiscal es de 400 millones 937 mil 69 pesos anuales.
De ese monto total a los campechanos les cuesta la renta de los inmuebles un millón 113 mil 714 pesos con 8 centavos por día, por lo que un ciudadano con el salario mínimo previsto por la Ley Federal del Trabajo que es de dos mil 593 pesos quincenales, tendría que trabajar por 17 años con 8 meses y nueve días sin hacer gasto alguno, para poder obtener el valor de la renta diaria de todos los edificios que utiliza el Poder Ejecutivo en Campeche.
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, hay contratos que van desde los 26 mil pesos de renta mensual, hasta más de los cuatro millones de pesos por mes de acuerdo a la ubicación del mismo; en el caso de los tres contratos más altos, destaca el de Beatriz Eugenia Lavalle Paullada con la cantidad de 4 millones 330 mil 598 pesos con 3 centavos; le sigue Luis Arturo Ruibal Vázquez con la cantidad de tres millones 329 mil 138 pesos 66 centavos; así como de Carlos Enrique Lavalle Azar con la cantidad de dos millones 700 mil 383 pesos con 40 centavos.
Beneficiado
Entre los mismos 59 contratos de arrendamiento que firmó el Gobierno del Estado, destaca uno que fue otorgado a Álvaro Arceo Corcuera, actual asesor jurídico de la Gobernadora Layda Sansores San Román, cuyo acuerdo fue asignado por adjudicación directa desde el primero de enero del 2022, cuya última renovación abarca hasta el 30 de julio del año en curso.
En el mismo desglose de detalles, el INAI reveló que el contrato asignado a Arceo Corcuera tiene un valor mensual de 355 mil 238 pesos con 40 centavos, mismo que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, por lo que sólo al funcionario Estatal al final del año le habrán asignado cuatro millones 262 mil 860 pesos con 80 centavos.
Al tratar de acceder al hipervínculo para conocer los detalles que comprende el acuerdo firmado entre el ente privado y público, el INAI precisa que no existe un documento que haya sido dado de alta, por lo que la única información que fue posible encontrar fue la estipulada en los campos generales del apartado.
Nulo proyecto de disminución
Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) Jezrael Larracilla Pérez, reconoció que los contratos de arrendamiento que suscribe el Gobierno del Estado son catalogados como “altos”, dada la misma ubicación geográfica de los edificios, por lo que expuso que no tienen una forma de hacer frente a las altas rentas que suscriben de manera anual.
“Desde el inicio de la administración se está haciendo una evaluación para saber cómo está el tema de los inmuebles, para que de acuerdo con los costos que se pagan que son altos, pueda haber una relación de calidad precio; de momento no tenemos previsto la adquisición de inmuebles propios, sólo podemos tratar de negociar con los arrendadores para que disminuya la renta”, dijo.
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JG