Mientras el fiscal general del Estado Renato Sales Heredia asegura que el aumento del índice de violencia es “simulación y maquillaje” de las administraciones pasadas, y de forma sarcástica invitó a los opositores a tomar juntos un café para aclarar por qué la percepción delictiva ha incrementado, horas después se registró la ejecución de una mujer de 28 años en Ciudad del Carmen al recibir un disparo de arma de fuego en el rostro dentro de su casa.
Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano señala en su última actualización que durante los primeros tres meses del 2022 -administración de Layda Sansores- los casos de violencia familiar se han disparado 32.35 por ciento, y refiere que fue Palizada el municipio que mayores incidencias registró.
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El jueves pasado, en la tribuna del Congreso del Estado se volvió a abordar el tema para llamar a comparecer al fiscal y a la titular de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz; al no reunir los votos a favor se turnó a comisiones, es decir, no rendirán cuentas.
En respuesta, Renato Sales dijo que las comparecencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la SPSC se emiten después del Informe de Gobierno y hasta entonces darán a conocer resultados; incluso, aseguró no tener nada que ocultar y pidió a quien quiera una explicación que lo solicite y le invitó a tomar un café.
“A los diputados del PRI y los que se sumen con gusto platicamos, no hace falta comparecer, los invitamos a desayunar o que me inviten a desayunar y con muchísimo gusto se los enseñamos, ahí están públicamente las cifras de cómo han disminuido los homicidios y como ha disminuido el robo de vehículos”, respondió ante los señalamientos.
En este sentido explicó que la confusión proviene del Gobierno anterior que “maquillaba” las cifras; profundizó diciendo que de mil robos registrados sólo se abrían 300 carpetas de investigación que se reportaban como consumados y los 700 restantes procedían como actas circunstanciadas.
Ante el constante señalamiento de los priistas, Renato Sales dijo que “creo que es otra la intención de invitarnos a comparecer, dicen que la inseguridad en Campeche ha crecido, lo que ha crecido es el número de carpetas de investigación, antes se simulaba, hacían actas circunstanciadas que no se reportaban al Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Quien se defiende con los mismos argumentos es la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, al señalar que “desgraciadamente, las administraciones pasadas en vez de abrir carpetas de investigación lo que hacían era actas circunstanciadas, esto quiere decir que jamás investigaron un delito; no es que ahora aumente la incidencia, es que se reciben las denuncias y se manejan tal cual”.
Desmienten al Fiscal
Pero las cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) revelan otra cosa al resaltar más casos de violencia familiar -uno de los delitos más comunes y menos denunciados- incluso, detalla que seis municipios de la Entidad, en el primer trimestre del año, muestran un alza del 32.35 por ciento al reportar 136 hechos, más del 80 por ciento fueron hombres golpeadores de mujeres que al corte de marzo elevó la cifra a 180.
El que más cambios tuvo fue Palizada, que en enero reportó un caso y al finalizar marzo tuvo nueve, lo que significa un alza de 800 por ciento; en el mismo periodo siguen Champotón, con cinco víctimas y 10 con un alza del 100 por ciento; Escárcega con 16 en enero y 25 en marzo (56.25 por ciento); Hopelchén, de seis pasó a nueve (50 por ciento); Campeche tuvo 73 a 98 (34.25 por ciento) y Carmen de cinco subió a siete (40 por ciento).
En este sentido, la comisionada de Seguridad y Violencia contra las Mujeres, Ma Fabiola, dijo que incluso entre la misma familia hay que proceder de forma legal, ya que “hay lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida de las mujeres”, razón por la cual exhortó a la Fiscalía investigar estos hechos como intentos de feminicidio.
Según el Instituto de la Mujer de Campeche (IMEC) la violencia hacia las mujeres de cualquier edad tiene consecuencias que las ponen en riesgo física y emocionalmente, atenta contra sus derechos humanos y el desarrollo de sus habilidades y capacidades.
La comisionada refirió que se ha considerado elevar las penas a quienes cometan violencia familiar, y mencionó que “incrementar el número de años no acabará con el problema, el Código Penal en los Estados es diferente, ya que en algunos casos alcanzan 70 años y en otros 40, lo que debemos buscar es que se atienda, que se visibilice, que se castigue lo que tenga que ver con violencia”.
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JG