El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que preside Leticia Lizama Centurión, no justificó adecuadamente en qué erogó cuatro millones 693 mil 441 pesos en el 2021, y el cómo destinó 19 millones de pesos en el pago de obligaciones fiscales pasadas, según lo revelado por el Informe Individual de Auditoría Practicada con Motivo de la Revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021 del Gobierno del Estado, elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), por lo que el organismo de justicia tendrá que tomar las consideraciones pertinentes para solventar resultados.
De acuerdo con lo plasmado en el informe individual de auditoría, comprendida del primero de octubre al 31 de diciembre del 2021, el Tribunal Superior de Justicia realizó erogaciones por 19 millones 764 mil 916 pesos, por el pago de obligaciones generadas en ejercicios fiscales anteriores con recursos del 2021.
Además, incurrió en adjudicaciones por dos millones 467 mil 18 pesos por conceptos de servicios de vigilancia, sin que estos llevaran el proceso respectivo conforme a lo estipulado en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, debido a que la normativa señala los montos para los procedimientos de las adjudicaciones de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.
Entre los recursos ejercidos que carecían de documentación justificativa, están un millón 687 mil 379 pesos, destinados bajo el concepto de servicios de vigilancia; así como 370 mil 596 pesos por concepto de prestación de servicios profesionales de asesoría y consultoría en tecnologías de la información, y apoyo en la entrega-recepción sin los documentos o facturas que comprueben el gasto.
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Referente a los recursos que no fueron ejecutados de forma adecuada según los plazos establecidos en la norma, concluye con 168 mil 448 pesos señalados bajo el concepto de “Pago de actualizaciones y recargos con cargo al patrimonio de la Entidad”.
Por su parte, la Auditoría Superior del Estado, indicó que el TSJE no realizó inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad de falta administrativa, por la no presentación de declaraciones patrimoniales en la administración de Miguel Ángel Chuc López; ahora Leticia Lizama Centurión y suÓrgano Interno de Control (OIC) tendrán que establecer los mecanismos necesarios que aseguren el registro contable de las operaciones, así como implementar los controles requeridos para la reintegración de los documentos que den a conocer a la persona que los realiza.
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JG