Tras recordar que las contralorías estatales ahora también fiscalizan a las empresas con las que el gobierno firma o pretenda firmar algún contrato, la secretaria de la Contraloría de Campeche, María Eugenia Enríquez Reyes, destacó que estos organismos deben blindarse para no cometer algún ilícito, ya que esto derivaría en sanciones que van desde el embargo de cuentas hasta la reparación del daño e incluso la disolución de la misma.
“Recordemos que las empresas también tienen responsabilidades, no únicamente es administrativa, que pueden recibir alguna sanción por parte de la autoridad, sino también en materia penal, a esto le llamamos el Compliance, es decir, que las empresas deben tener medidas, lineamientos que la blinden para no cometer ilícitos, entonces se hace revisión incluso desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se analizan empresas para ver si cumplen con estos lineamientos de blindarse para evitar caer en algún tipo de responsabilidad”, explicó.
En entrevista añadió que las sanciones se aplican con base al tipo de falta cometida, por ejemplo, en caso de daño patrimonial, se puede embargar las cuentas de la empresa, embargar bienes, ordenar la disolución de esta, y normalmente, lo más grave y lo más impactante es el pago de una reparación de daño.
No obstante, aclaró que estas medidas se llevan a cabo a través de procedimientos por parte del Tribunal Administrativo, ya que se trata de conductas graves que no son competencia de la Secretaría de la Contraloría.
“La responsabilidad en la que incluyen las empresas normalmente se tiene como una conducta grave, ya no es competencia de la contraloría, pero si reunimos y recabamos la información necesaria en las investigaciones”, comentó para luego confirmar que estas acciones ayudan también en la detección de las llamadas empresas fantasma.
La Secont analiza y audita todas las contrataciones que se hacen con empresas para verificar que estén al corriente con en el pago de sus impuestos, revisar quiénes son los integrantes de cada una de ellas, si existe alguna relación con algún servidor público, entre otras cuestiones.
“También hay un reporte a nivel nacional de las empresas que son sancionadas y esto está publicado, entonces también acudimos a esa información para ver si esa empresa ha sido sancionada a nivel nacional porque ese sería un foco rojo para no contratarlas”, agregó.
En ese mismo escenario indicó que los tres niveles de gobierno trabajan de la mano para promover las buenas prácticas y experiencias para tener una mejor fiscalización en los recursos, de tal manera que tras crearse el año pasado la Comisión Permanente Estado-Municipio, el miércoles se nombró al nuevo coordinador estatal de este organismo en la entidad, durante una reunión realizada en Hecelchakán.
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JG