La creación de un registro público de agresores sexuales como existe en otros países no es factible en México ni en Campeche, ya que sería crear minorías, violar derechos humanos y generar más violencia, consideró el titular del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche (Indajucam), Luis Humberto López López.
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En entrevista, comentó que más de 140 personas que equivalen alrededor del 15 por ciento de la población recluida en el Centro Penitenciario de Campeche que ascendía a un promedio de entre 800 y 900 personas, han sido liberadas mediante el programa de liberación anticipada y reincorporadas a la sociedad porque la importancia en el nuevo sistema de justicia no es tener personas encerradas, sino entender que hay que atender tanto a la víctima como al imputado para que no incurra nuevamente en el delito.
Añadió que la mayoría de los beneficiarios de este programa implementado en la administración actual se encontraba en el Cereso por delitos sexuales, pero que también se les ha dado seguimiento mediante tratamiento psicológico, aunque reconoció que la infraestructura para trabajar con este tipo de personas debe ser mayor.
“En algunos países se considera la castración, el control, identificar a las personas que son depredadoras sexuales, pero eso también de alguna u otra manera sería estar segregando personas y no se trata de segregar, sino de ser inclusivos”, dijo.
En ese sentido consideró que en ni en la entidad ni en el país sería factible realizar un padrón o registro de los agresores sexuales, ya que esta es una idea muy norteamericana y anglosajona, que son culturas y sistemas de justicia muy diferentes. Además de que sería generar mayor violencia.
“Lamentablemente en nuestro estado, en nuestro México y sobre todo en nuestro Campeche somos muy complicados, cualquiera opina diciendo ahí va el asesino, ahí va el violador, haya ganado o no el juicio, haya absuelto o no, la gente ya juzgó, ya marcó, lamentablemente eso también lo vemos en redes sociales, la gente opina sin tener un sustento”, señaló.
Aseguró que se realizan estudios dentro del reclusorio tanto psicológicos como médicos y de trabajo, es decir, se observa su comportamiento sobre cómo mejora a fin de ser apto a las preliberaciones.
Mencionó que cuando se habla de las preliberaciones no hay que pensar que soltaron a un delincuente, sino tomar en cuenta que si a una persona fue condenada a 20 años de cárcel y ya cumplió 10, de alguna manera pagó su pena en cuanto a la situación física y moral, pero en cuanto al daño también debe realizar un pago o la reparación, además de aprobar los estudios y requisitos para ser un candidato a salir.
“No todos pueden cumplir porque no todos tienen para pagar un millón de pesos en un homicidio o más, hay quienes sí tienen menores cantidades y se puede trabajar en ellos y obviamente que esto es una parte que es un poco complicada de entender, porque si bien es cierto que ninguna cantidad de dinero me va a revivir a mi ser querido que ya no está conmigo”.
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LV