Con evidente hartazgo, inconformidad, molestia y con pancartas en mano, integrantes de los diversos sectores del transporte en Campecheexigieron tanto a las autoridades legislativas como del Poder Ejecutivo, que elaboren reglamentos apegados a la realidad del estado, así, como tampoco firmaron documento alguno que los obligue a mejorar las unidades en circulación con el aumento de un peso al pasaje anunciado desde el pasado mes de diciembre.
“Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el aumento de pasaje de un peso, eso fue por ordenamiento de un juez a nivel federal, no porque lo haya autorizado o gestionado el Gobierno del Estado, ese peso se esfumó desde hace tres o cuatro años con el aumento del diesel y las refacciones, no es posible aumentar costos sin un análisis previo”, precisó el representante de transportistas Enrique Uribe García.
En compañía de una comitiva de al menos 20 integrantes de los diversos medios de transporte en el municipio, Uribe García aseguró que ni uno solo de los integrantes de las cooperativas de transporte firmaron documento alguno en el que aceptaran el cobro de un peso adicional en el costo del pasaje, así como para la renovación del parque vehicular que circula en el municipio.
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Cuestionado respecto a la postura de oposición al alza del peso adicional en el mes de diciembre del año pasado, el representante de los transportistas aseguró que lo cobran “obligados” para no contravenir una disposición oficial, por lo que, exigen a las autoridades del Estado para que hagan su trabajo y haya una fórmula de cobro que si resulte para los empresarios.
Precisó que los Foros de Movilidad que realizaron tanto el Poder Legislativo, como el Instituto Estatal de Transporte (IET) no sirvió absolutamente de nada, ya que, la propuesta de ley que fue presentada ante el pleno del Congreso, es totalmente ambigua, debido a que no posee ningún artículo que defina condición de unidades, sanciones, costos de pasaje, así como la garantía de que les respetarán sus concesiones.
Uribe García adelantó que exigen tanto al Congreso del Estado, como a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo que los involucren en la creación del reglamento vial, ya que, en caso de que este solo empeore la situación de los prestadores de servicio, no dudarán en proceder legalmente contra los lineamientos, así como implementar otras medidas.
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GC