Luego del despido injustificado de 192 extrabajadores de los ayuntamientos de Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén, ya se presentaron las denuncias ante los juzgados laborales y se negocia con Palizada la reinstalación de 15 empleados o, de lo contrario, presentarán la demanda por rescisión de trabajo injustificado. Los ceses injustificados comenzaron a partir del uno de octubre de este año, cuando asumieron las nuevas administraciones municipales para el periodo 2024-2027 y comenzaron con el despido de trabajadores.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (Sutpmidec), José del Carmen Urueta Moha, detalló que en el caso de Hecelchakán la demanda fue colectiva porque fueron dados de baja 120 trabajadores; en Calkiní despidieron a 32 y en Hopelchén a 40 de 100 personas. En algunos casos, los extrabajadores siguen buscando acuerdos, con el argumento de que conocen a quienes ocupan las presidencias municipales y están en las mesas de diálogo para no llegar a la demanda para su reinstalación.
Urueta Moha destacó que en Palizada se reinstaló a la mayoría de los despedidos, aunque aún faltan 15 más con quienes tenía compromiso el Sindicato al tenerlos afiliados. Especificó que en dicha administración municipal hubo más despidos de personal; sin embargo, no son afiliados al Sindicato y no tienen nada que ver con el procedimiento de remoción. Por lo anterior, el líder del Sindicato agregó que están pendientes por reinstalar 15 trabajadores y aunque la mayoría volvió a los cargos que desempeñaban en el Ayuntamiento, están en negociación con el alcalde Pedro Javier Ayala Cámara para saber cómo quedará su situación laboral.
Entre los 192 extrabajadores hay algunos con más de 22 años de servicio y otros de reciente ingreso, ante ello la ley establece que al cumplir seis meses de trabajar de forma continua ya tienen derecho a ser sindicalizados. Planteó que si la autoridad municipal no requiere de los servicios del personal, que lo liquide conforme a la ley, y aunque demande ya no procede porque "a la fuerza no puede permanecer un trabajador en el cargo de la administración pública".
Urueta Moha mencionó que la petición que le hacen a las nuevas autoridades es que razonen, ya que son personas que viven en la misma comunidad y a nivel federal el planteamiento es que apoyen a los trabajadores. Recordó que el Congreso del Estado advirtió de la posibilidad de implementar juicios políticos a quienes incurran en actos represivos y de ilegalidad en contra de las personas. Finalmente, dijo que el Sindicato está en la disposición de llegar a acuerdos a favor del trabajador y de las autoridades al no contar con presupuesto o finanzas para el pago de prestaciones.